Seguridad y justicia

Retomando el espinoso asunto de cómo combatir la delincuencia, tratado en nuestro editorial de ayer, debemos llamar la atención sobre las respuestas que, desde la derecha, han surgido cuestionando las medidas anunciadas por el ministro José Díaz.

Son los portavoces de una mentalidad que hemos llamado «blumberista» y que, ante el auge de la delincuencia y de nuevas modalidades delictivas, clama por seguridad y por mayor rigor represivo. A propósito, precisamente, de una de las últimas manifestaciones convocadas por Blumberg en Buenos Aires, escribíamos lo siguiente:

«Los reclamos se centran en la exigencia de reformas en la Policía, la Justicia y el sistema político y apuntan a dotar de recursos al Poder Judicial (recursos materiales y legales), a mejorar la gestión policial y a combatir la corrupción existente en el instituto.

De lo que se trata, en definitiva, es de enfrentar el delito combatiendo sus efectos, pero sin atacar sus causas profundas: lo que exige la gente es mayor presencia policial, mayor rigor punitivo y menor indulgencia judicial. Como siempre, el hilo tiende a cortarse por lo más delgado.

Tonto sería negar el incremento de la delincuencia así como la aparición de nuevas prácticas delictivas. En nuestros países castigados por la crisis y por un modelo económico generador de miseria y exclusión, los delitos contra la propiedad han aumentado cualitativa y cuantitativamente, al tiempo que se acentúa el desprecio por la vida humana. En Argentina está en auge la nueva modalidad del llamado secuestro express que tiene aterrorizada a la población, especialmente a la clase media.

Entendemos que la zozobra es explicable. Pero debemos llamar la atención sobre el auge de una mentalidad que, reclamando legítimamente seguridad, puede conducir a un peligroso camino de renuncia a las libertades. Cuando se presenta la falsa dicotomía seguridad/libertad, se está abonando el campo para el surgimiento de soluciones mesiánicas de corte fascista.

Basta ver cómo los voceros del movimiento liderado por Blumberg se vuelven contra los movimientos defensores de derechos humanos, instalando en el inconsciente colectivo la peligrosa idea de que éstos son un obstáculo a la seguridad de la población.

Son los que propician, además, el desprestigio del sistema político con eslóganes tales como ‘son todos iguales’ o ‘que se vayan todos’, tan caros a las clases conservadoras».

Todos los juristas –y especialmente los penalistas– coinciden en que la ley penal no tiene ningún efecto disuasivo. Es decir que el hecho de que cierta conducta sea castigada con la privación de libertad no desestimula el propósito de quien ha resuelto –acuciado por la necesidad– infringir una norma.

¿Qué se logra, entonces, con el incremento de las penas? Pues simplemente, que el infractor sea recluido por más tiempo. ¿Y esto a qué conduce? Nada menos que a aumentar la población carcelaria con todas las consecuencias que ello implica: hacinamiento, promiscuidad, pésimas condiciones de higiene, atención sanitaria deficiente. Pero, por sobre todo, el desborde de la capacidad locativa de los establecimientos penitenciarios atenta en forma flagrante contra el objetivo de reinserción laboral y social del delincuente que la Constitución persigue.

La reeducación que se supone debería brindar el Estado a quienes han cometido un delito, se vuelve una quimera si no una burla. Y, en definitiva, es la comunidad toda la que sufre las consecuencias. Los ciudadanos honestos que con toda razón claman por seguridad, deben advertir que el problema no se resuelve mediante el aumento del rigor punitivo de la ley penal. *