Recobran fuerza las instituciones republicanas

Las declaraciones formuladas por el ministro del Interior, José Díaz Chávez, sobre la remoción de dos jefes de Policía recientemente ascendidos y el anuncio efectuado por el mismo jerarca de que la Policía no intervendrá en el desalojo de los establecimientos ocupados por los trabajadores, como medida gremial, constituyen otros dos nuevos pasos de excepcional importancia, en esta seguidilla de decisiones acertadamente promovidas por el nuevo gobierno presidido por el Dr. Tabaré Vázquez.

Resulta evidente, y sorprendente, la naturaleza de la exposición que ante las cámaras de televisión hiciera el ministro del Interior. Se trata de un respeto por la verdad y por la ciudadanía, que hacía mucho tiempo no se veía aparecer en la cúpula del Estado.

Efectivamente, cuando el Dr. José Díaz reconoce que el nombramiento de los jefes de Policía de Artigas y Rivera ha tenido una repercusión negativa en la población de esos departamentos, está reconociendo, en forma tan categórica como poco frecuente, que a él, el ministro, le cabe una cuota de responsabilidad en el error.

Al mismo tiempo, José Díaz brinda una explicación totalmente compartible del porqué de esos nombramientos. Efectivamente, para la designación de funcionarios de la importancia de éstos, se puede optar por dos caminos.

Uno de esos caminos es el que más frecuentemente ha sido transitado por los gobiernos blancos y colorados: la provisión de los cargos de jerarquía en el ámbito policial estaba sometido a las mismas reglas de juego que lo que ocurría en toda la Administración. Lo que tallaba era tener padrino, era formar parte de la clientela, era ser pieza de una de las tantas pirámides de poder de hechos violatorios de la Ley Orgánica Policial y de la Constitución de la República.

El Frente Amplio y el progresismo, han condenado a estas formas de conformación de la cúpula jerárquica de la Administración como altamente inconvenientes para los intereses del Estado y del país. Situación que se convierte en una trasgresión, mucho más grave cuando se trata de funcionarios dotados de tanto poder como son los jefes de Policía de cada departamento.

El otro camino, que fue el seguido por el Dr. Díaz, es el que surge de una actitud legalista y republicana frente a la cuestión de los ascensos: el respeto por la carrera policial y la designación, por tanto, de aquellos funcionarios que se encuentran en la culminación de su carrera por razones de mérito y de antigüedad.

No nos cabe la menor duda que el criterio que debe aplicar la izquierda para resolver cuestiones como ésta, es el de atenerse a lo que indica el escalafón y la Ley Orgánica Policial.

El «error» que se cometió en la designación de los arriba mencionados jerarcas policiales, no fue el error subjetivo o caprichoso sugerido por un «tropero de votos» o por un «caudillo político» nacional o regional. Fue un mal paso inevitable, nacido de la aplicación de un criterio totalmente defendible, el único criterio defendible en la materia.

Ni Tabaré Vázquez, ni el Dr. Díaz, ni los restantes miembros del gabinete, ni siquiera las autoridades políticas locales de la Nueva Mayoría, estaban en condiciones de asumir la responsabilidad de una elección basada en preferencias políticas.

Y el ministro Díaz actuó en coherencia y continuidad conceptual, ética y jurídica, con las decisiones de trasladar de la Cárcel Central a ciertos presos que detentaban privilegios.

Que esto cause extrañeza y ponga frenéticos a algunos abogados, incapaces de ver más allá del ala de su bicoquete, no es de extrañar en estos tiempos.

En realidad, para ellos han caído en el olvido estos principios que resucitan hoy con Tabaré Vázquez y José Díaz: los principios republicanos de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. *