En mayo: construyamos ciudadanía

En nuestra América Latina, nunca antes la democracia estuvo tan extendida como forma de gobierno, sin embargo, esa misma democracia política convive con un Estado de derecho limitado y con serios problemas sociales.

Según datos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) «en 2003 la pobreza alcanzó el 43,9% (225 millones de personas) y la pobreza extrema el 19,4% de la población». Es, además, la región más desigual del planeta, con un coeficiente de Gini (mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, 0 equivale a igualdad absoluta y 1 a total desigualdad) de 0,552; y donde el 10% más rico de la población percibe 30 veces el ingreso del 10% más pobre.

Existen además problemas de empleo, en 1999-2000 el informalismo alcanzó a un 46,3% de los trabajadores; en la salud, donde la tasa de mortalidad infantil para el período 95-2000 fue de 33,34 muertes por mil nacimientos, y la desnutrición afecta a 189 de cada mil niños; y en la educación, donde un promedio de escolaridad de 5,2 años sitúa a la región muy por debajo de los países desarrollados y ciertas economías emergentes.

Obviamente nuestro país no ha sido ajeno a esta realidad, con 307.000 niños y jóvenes viviendo bajo la línea de pobreza, 100 mil indigentes, 850.000 pobres, 950.000 compatriotas con problemas de empleo y donde casi 6 de cada 10 niños que nacen lo hacen en hogares pobres.

Si bien hoy en día parece lejana la posibilidad de un quiebre autoritario ante este contexto, igualmente la democracia sufre otro tipo de fragilidad: la pérdida de vitalidad, el desencanto popular producto de las expectativas que en ella había depositado y la aplicación de nefastas políticas económicas, que privilegiaron el desarrollo de un modelo que fue excluyente, vulnerable y concentrador.

A pesar de que se la prefiere como sistema de gobierno, se desconfía en su capacidad para mejorar las condiciones de vida; es más, en el año 2002 un 48,1% de quienes preferían a la democracia como forma de gobierno, también preferían el desarrollo económico a la democracia; y un 44,9% se manifestó dispuesto a apoyar un gobierno autoritario si éste resolvía los problemas económicos de su país.

Para que la democracia se desarrolle sana y fuerte, se requiere que se expanda el concepto de ciudadanía, desterrar el viejo concepto de ciudadano simplemente como elector y elegible; esa es solo una parte de todo lo que implica el «ser ciudadano».

Ya en 1949 Marshall (quien probablemente se inspiró en la Declaración Universal de los DD.HH aprobada por la ONU en 1948) había advertido que existen tres tipos de ciudadanía y que las mismas resultan complementarias entre sí:

a) Ciudadanía política: es el derecho a elegir y ser elegible;

b) Ciudadanía civil: es la que garantiza los derechos individuales y civiles (libertad de la persona, de expresión, de pensamiento, de prensa, etc);

c) Ciudadanía social: comprende el conjunto de los derechos sociales (a la educación, a la salud, a la jubilación, a la alimentación, etc).

El informe del PNUD ya citado concluye que nuestras democracias están incompletas por el lado de la ciudadanía civil y, sobre todo, por el lado de la ciudadanía social. Sin igualdad social, un combate eficaz contra la pobreza, la expansión de los derechos sociales y el desarrollo democrático nunca podrán completarse.

Señala también el informe que se debe pasar de la actual «democracia electoral» a una «democracia de ciudadanía». En ese sentido deberá considerarse profundamente la cuestión del poder estatal y su capacidad de democratizar la sociedad, de generar un nuevo tipo de ciudadanía.

Nuestra fuerza política, en el marco del desarrollo de su propuesta progresista, es una firme defensora del impulso de este nuevo concepto de ciudadanía global, de democracia auténticamente ciudadana que se construye en esos tres ejes: político, social y cívico.

Es por eso que implementaremos el Plan de Emergencia Social, para que los compatriotas que más han sufrido los efectos de la crisis, puedan recuperar su sus derechos sociales y con ellos, su derecho a la dignidad.

Pero claro, para profundizar este nuevo tipo de ciudadanía, será también imprescindible que en las próximas elecciones de mayo la ciudadanía nos acompañe en estas instancias electoral con su voto e instalar en forma conjunta gobiernos progresistas en la mayoría de los departamentos; de ese modo poder impulsar nuestro proyecto en forma mancomunada entre los niveles nacional y municipal.

Porque si hay algo central en el desarrollo de la ciudadanía de carácter integral, es que el poder local esté comprometido con dicha construcción y los procesos descentralizadores, autonómicos y autogestionados que de seguro irán surgiendo tanto desde el gobierno como desde la propia comunidad. *