La disputa por los cargos en los Directorios

El contencioso surgido entre el gobierno y la oposición a propósito de la integración de los Entes Autónomos ha hecho aflorar un conjunto de pensamientos que el sistema político tradicional suele mantener soterrados.

El momento más urticante de esta polémica se dio cuando hizo crisis la integración del Directorio del BROU y el Partido Nacional reclamó tener dos cargos en cinco.

De este modo, el partido de la oposición minoritaria adquiría –en función de las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco de la República– la facultad de veto sobre las propuestas de los representantes de la mayoría.

Dada la enorme importancia que reviste nuestra principal casa bancaria ceder ese segundo lugar era un acto de autocastración, era aceptar unas reglas de juego que nos dejaban con las manos atadas.

¿Nos dejaban con las manos atadas ante quién?

Ante los representantes políticos de los mismos sectores que han conducido al conjunto de la Banca oficial a los bordes de la ruina, los mismos que, junto con los colorados, se omitieron gravemente en los mecanismos de contralor de la actividad especulativa, madre y señora del sistema financiero uruguayo.

¿Cómo hubiera entendido el pueblo soberano que el partido elegido para gobernar entregara una pieza clave para diseñar su política financiera a manos de sus adversarios? Adversarios, por lo demás, comprometidos con las decisiones que han llevado a la actual situación de vulnerabilidad que tiene el sistema bancario uruguayo.

Cuando uno pasa revista a las objeciones realizadas desde filas nacionalistas, especialmente desde el Herrerismo, no puede sino pensar «este tema es para Buscaglia». Y lo es.

El senador Penadés, por ejemplo, sostuvo que negarle al Partido Nacional ese segundo cargo demostraba la intención del Frente Amplio de no ser controlado, de hecho dijo «se está marchando hacia un régimen de partido único». Y agregó: «Con su incumplimiento el Frente Amplio cometió uno de los más grandes crímenes que se pueden cometer contra la democracia, que es incumplir los acuerdos con los otros partidos».

De más está decir que los gobiernos blancos y colorados que desarrollaron su gestión después de la dictadura, si a algo demostraron no ser propicios es a la existencia del control.

El desparpajo con que estos dirigentes le reclaman al Frente Amplio lo que ellos hasta hace pocas semanas no hicieron es revelador de un rasgo muy característico de las elites políticas tradicionales.

En el fondo están diciendo que, en tanto representa intereses distintos a los de las grandes familias conservadoras que ellos representan, el Frente Amplio como partido de gobierno está ahora y lo estará siempre en una situación «bajo sospecha».

De esta tesitura se deriva que existen dos clases de partidos políticos. Los que son como una prolongación del statu quo, los que aseguran la continuidad del Estado, los que hagan lo que hagan deben gozar de la confianza de la ciudadanía porque pertenecen a los estamentos «nacidos para mandar», familias que se conocen de larga data, con linajes cruzados, acostumbradas a tratarse en los Directorios de las empresas, en las recepciones, en las «páginas sociales» de la prensa que los mima.

Y otra clase de partido cuyos integrantes están comprometidos con los intereses de las grandes mayorías populares, que no frecuentan los clubes distinguidos ni forman parte de los estamentos que históricamente han gobernado el país.

En esa concepción clasista de la democracia no importa cuál es el partido mayoritario.

Al que hay que «vigilar» es al partido que no tiene vínculos ni de sangre, ni patrimoniales con el poder económico y con el gran capital.

A ese partido, si fuera posible, habría no sólo que vigilarlo sino atarlo de pies y manos, impedirle actuar.

Para esto tropiezan con el nada desdeñable inconveniente de que ese partido tiene cada vez más apoyo popular. *