A paso firme en busca de la verdad

Empecemos por decir que cuando el movimiento progresista, el sindicalismo, las organizaciones de Derechos Humanos y la Asociación de Detenidos Desaparecidos han levantado, junto a otras, la consigna de búsqueda de la verdad, remitían al conocimiento de la verdad acerca del destino de los ciudadanos detenidos desaparecidos, incluyendo el caso del asesinato de los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

Si se tiene en cuenta el conjunto de violaciones a los derechos humanos contenidos en publicaciones realizadas durante los últimos veinte años, el conjunto de las violaciones perpetradas va bastante más lejos que la desaparición forzada o el asesinato de los dos líderes políticos en Buenos Aires.

Hace apenas unas semanas el gobierno de Chile, a través de una publicación oficial difundida por medio de los máximos órganos del Estado y presentada por su Presidente, Ricardo Lagos, daba cuenta de los resultados de las investigaciones realizadas sobre las torturas padecidas por más de treinta mil presos políticos chilenos.

Tómese nota que de lo que estamos hablando es de la denuncia de torturas y no del delito, especialmente condenado por el derecho humanitario, de la desaparición forzada de personas.

Estamos diciendo con esto que cuando en Uruguay se habla de verdad, se está haciendo referencia a una parte importantísima de lo sucedido, y se brega por el esclarecimiento de crímenes de una inmensa gravedad, pero restringidos a la desaparición forzada y los homicidios mencionados más arriba.

Pese a lo restringido de los objetivos a los que se aspira, el tránsito de la oscuridad al conocimiento ha sido monstruosamente dilatado.

Veinte años de gobiernos civiles no permitieron avanzar gran cosa en ese terreno, a excepción de las muy restringidas y genéricas conclusiones a las que arribó la Comisión para la Paz.

Con el advenimiento del nuevo gobierno popular las acciones estatales han tomado otro ritmo y otra significación.

Como correspondía, ha sido desde la sede judicial que actúa bajo la responsabilidad del juez en lo Penal de 1er. Turno Juan Carlos Fernández Lecchini, que se ha decidido el levantamiento de las medidas cautelares de «no innovar» en los terrenos del Batallón de Infantería Nº 13 y el Batallón Nº 14.

Se da el primer paso así de las decisiones adoptadas por el magistrado Alejandro Recarey, que tuvo la inteligencia y el valor de señalar que puesto que existían denuncias de la existencia de cementerios clandestinos en esas unidades militares, se hacía necesario habilitar los mecanismos técnicos y científicos capaces de determinar de manera inobjetable la veracidad o no de las denuncias formuladas a lo largo de muchos años por ex integrantes del ejército.

Los trabajos preliminares llevados adelante por el grupo interdisciplinario de antropólogos forenses, que actuaron a solicitud de Recarey, obtuvo un muy significativo apoyo de la Universidad de la República, cuyo rector, el ingeniero Guarga, expresó públicamente el respaldo y el compromiso de la Universidad de la República sobre la idoneidad técnica y moral de los investigadores.

El advenimiento del gobierno progresista, pues, ha colocado a la búsqueda de la verdad en el terreno que corresponde.

No como un tema que el Poder Ejecutivo puede manejar de acuerdo con su visión y con sus intereses políticos, sino como una indagación situada en el campo específico del Poder Judicial en la plenitud de los atributos y facultades que le concede la Constitución de la República.

Al servicio de ese Poder se ha colocado un grupo de trabajo académico que ha elaborado sus hipótesis y las ha expuesto con claridad ante el público.

De los resultados de este impecable trámite la última palabra la tendrá el magistrado que, como corresponde en una república democrática, dictará sentencia sin recibir presiones del poder político ni de ningún otro intruso en el delicado campo que es privativo de la magistratura. *