La oposición en la vereda de enfrente

Desde que el 31 de octubre del año pasado las urnas dieron el triunfo al EP-FA-NM y pocos días después comenzaba la etapa de transición, en estas páginas habíamos saludado las gestiones que se llevaban a cabo en busca de llegar a un acuerdo con los partidos de la oposición.

Después de idas y venidas, marchas y contramarchas, pareció en un momento que se habían superado todos los obstáculos y que el Partido Nacional integraría los directorios de los organismos estatales. Dijimos entonces, comentando el logro de un acuerdo:

«Enhorabuena, pues a pesar de que el EP-FA-NM obtuvo la mayoría absoluta de votos, siempre es mejor para el funcionamiento del sistema político –y para el país en su conjunto– que se logren acuerdos entre los distintos partidos, oficialismo y oposición.

No se trata, obviamente, de pretender consensos, sino de establecer bases para ciertos acuerdos mínimos que permitan una tarea de gobierno (ejecutiva y legislativa) más fluida y más eficaz. No olvidemos que para designar a los miembros de los directorios de organismos estatales, es preciso contar con la venia del Senado para lo cual se requiere una mayoría especial de tres quintos que la izquierda no tiene; y sólo después de transcurridos sesenta días sin que la Cámara Alta se pronuncie, puede el Ejecutivo reiterar el pedido de venia y otorgarse éste por mayoría simple de componentes del cuerpo.

En última instancia, no olvidemos que la ciudadanía envió un mensaje claro el 31 de octubre. No solamente porque dio la mayoría a la izquierda y su programa de cambios sino, también, porque un alto porcentaje de quienes emitieron su voto a favor del doctor Larrañaga lo hicieron con la convicción de que, ellos también, estaban apostando al cambio y veían en la propuesta nacionalista una intención de romper con el statu quo».

Entendíamos conveniente que una fuerza que había concitado la adhesión de más de un tercio del electorado se integrara a la conducción de los organismos estatales como forma de comprometerse en el proceso de cambios que la población espera. Lamentablemente, no fue así. El Partido Nacional se agravió por la decisión presidencial de integrar el Directorio del BROU con cuatro miembros progresistas y dejar uno al nacionalismo, y apostó a la autoexclusión rechazando integrar entes autónomos y servicios descentralizados. «Tant pis», como dicen los franceses.

La obligación constitucional de que la oposición esté representada sólo comprende a los organismos de contralor como el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. El famoso «tres y dos», que siempre existió de hecho habilitando la coparticipación de blancos y colorados en la dirección de las empresas públicas, tuvo rango constitucional en la Carta de 1952 pero fue eliminado en la que nos rige actualmente. No hay, por tanto, disposición legal alguna que obligue al EP-FA-NM a ofrecer cargos en la Administración Pública a los partidos que hoy integran la oposición. Y yerra el Honorable –específicamente los doctores Larrañaga y Lacalle– cuando se queja porque el gobierno «no permite el contralor de la minoría» acusándolo de querer imponer un gobierno absoluto de partido único. Independientemente de que el partido gobernante no se negó a la participación de la oposición en organismos estatales (a diferencia de las tres últimas adminstraciones que marginaron sistemáticamente a la izquierda), bueno es recordar que el control que debe ejercer la minoría sobre la gestión de gobierno tiene su ámbito natural en el Parlamento. Es allí donde diversos mecanismos (pedidos de informes, llamados a sala, interpelaciones) permiten vigilar al Ejecutivo, denunciar irregularidades y promover comisiones investigadoras.

De modo que el episodio de la disputa porX el número de cargos ya es historia. Corresponde ahora dar vuelta la página y ocuparse de las innumerables tareas que tiene por delante el gobierno progresista. *