La voluntad del pueblo ha sido categórica
Destaca Paulo Freire en su trabajo sobre «Pedagogía del oprimido», que la sectorización es siempre castradora por el fanatismo que nutre. Y la sabia advertencia del lúcido pensador, se instala fuertemente en la vida política del país, cuando visualizamos la reacción de algunos dirigentes de las colectividades históricas que siguen sin comprender los resultados y el trasfondo sociológico que encierra el último pronunciamiento de la ciudadanía.
Hechos acaecidos con posteridad al 31 de octubre dentro del escenario nacional, revelan que aquellos no han entendido que la mayoría del cuerpo electoral ha dado su apoyo a un programa de gobierno, que en rigor modifica sustancialmente las políticas de Estado desarrolladas en las últimas décadas. Y que esa decisión ha contado con el respaldo de 1.124.761 voluntades, superando la suma del resto de las colectividades, votos en blanco y anulados.
Frente a estos datos de la realidad, la futura oposición se ha venido sectorizando con un legajo de prevenciones, donde se le dice al gobierno electo que estarán alertas frente a eventuales comportamientos autoritarios, cuando no ha existido por parte de éste ninguna actitud que justifique tanto desplante. Por el contrario, las figuras más representativas de la izquierda, han promovido un diálogo para que ninguna fuerza política con representación legislativa se sienta excluida de la gran tarea que comenzó el primero de marzo.
Se comprende que muchos sectores del sistema político, no se resignen a quedar en la periferia de los centros de poder, que venían monopolizando desde el advenimiento de la democracia, lo que demuestra que sus reglas de juego no son bien asimiladas, cuando el pueblo lauda soberanamente a favor de los cambios, que ellos desecharon en los últimos veinte años.
Obsérvese que con esa conducta, se están negando los principios republicanos que dicen defender, ya que la administración que encabeza el doctor Tabaré Vázquez tiene un compromiso público con la gente que posibilitó su acceso a la Presidencia de la República, mientras que el papel de la oposición es velar por su cumplimiento, precisamente para que la voluntad popular sea respetada.
La primitiva euforia frustrada por un balotaje, que se ausentó del calendario por mandato de las urnas – sumado al hecho de que el gobierno electo cuenta con mayorías parlamentarias que lo liberan de ser cautivo de la ortodoxia neoliberal – ha desatado un rencor progresivo que se disimula pero que golpea con mucho encono, al extremo de que cualquier punto opinable, se transforma desmedidamente en un atractivo blanco de crítica. Y ante la presunción o sospecha de que el trato discriminatorio, que ellos le dieron al FA-EP hoy recorra el proceso inverso, recrean con estruendosa elocuencia, caros principios como el derecho de las minorías, el pluralismo filosófico y todo lo que se relaciona con la disidencia participativa.
La integración del Codicen ha sido la piedra del escándalo, para que se afirme sin ningún pudor y con desprecio de la verdad histórica, que la nueva administración menoscaba aquellos postulados. Al margen de que la «familia ideológica» jamás le dio un lugar a quienes en 1999 representaban el 40 por ciento del electorado, en la actual instancia han de contar con un representante en todos los estamentos de la Enseñanza, lo que implica legitimarles el papel de contralor, que ellos con furibundo sectarismo lo desconocieron en el pasado.
Nadie con una cuota de buen sentido y honestidad intelectual puede pensar que la fuerza política que hoy nos gobierna pretenda la sumisión de las minorías en los diversos organismos del Estado, sino que ante la magnitud de los gravísimos problemas que enfrenta el país, procura coincidencias para obtener resultados unitarios. Y cuando tanto se habla de respetar los preceptos de la Constitución carecen de legitimidad para hacerlo quienes la vulneraron, ya que cuando en el año 2000 no le reconocieron a la izquierda la legítima representación que le correspondía en la Corte Electoral y Tribunal de Cuentas.
La implacable oposición que se avizora, por parte de quienes se sienten propietarios del patrimonio nacional, obligará a cada titular de la soberanía que se decidió por el cambio, a interiorizarse minuciosamente de la herencia que han dejado, para que el pueblo se ponga en guardia y no se deje engañar en ningún rincón de la República. *
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