Los compromisos del nuevo gobierno

En nuestro editorial de ayer nos ocupamos de algunos puntos relevantes del impecable discurso presidencial ante la Asamblea General, un discurso medular que tuvo la particularidad de haber concitado una curiosa unanimidad de elogios entre los dirigentes políticos conservadores.

Menos elogios, algunas críticas y voces de alarma causó el discurso que el doctor Tabaré Vázquez dirigió a la población desde las escalinatas del Palacio Legislativo en la noche del martes, cuando habían quedado atrás las ceremonias oficiales y los actos protocolares, y el flamante Presidente se reencontraba con su pueblo, un pueblo eufórico que tenía la sensación de estar viviendo un sueño.

En dos horas, el oncólogo Tabaré Vázquez, luciendo la banda presidencial, expuso las primeras medidas de gobierno –la mayoría de las cuales era perfectamente conocida por sus electores–, desarrolló determinados puntos del programa profundizando en su contenido e hizo ciertos anuncios que sorprendieron incluso a sus más fervientes partidarios.

Vale la pena repasar algunos de los conceptos vertidos por el presidente Vázquez en aquella oportunidad. Pasaremos por alto todo lo atinente al diagnóstico, pues la realidad social y económica del país es suficientemente conocida –y padecida– por todos. Analizaremos sí los contenidos de las propuestas que conforman la terapéutica que proponen las fuerzas progresistas.

En primer lugar –en riguroso orden de prioridades– la atención inmediata a la emergencia social que vive un alto porcentaje de uruguayos, que implica, por un lado, atender las necesidades de los sumergidos de modo de rescatarlos de la exclusión y, por otro, una lucha frontal, no contra la pobreza sino contra sus causas. No es una precisión menor puesto que en esa aparente sutileza lingüística se halla implícita la idea de que la atención a los más carenciados no es un acto de caridad y que los pobres son sujetos de derecho; por tanto, de lo que se trata es de promover lo necesario para que los más infelices puedan gozar de sus derechos, es decir para incluir a los excluidos.

No hubo anuncios novedosos respecto de las medidas a adoptarse en el ámbito del Ministerio de Economía, sino la confirmación de ciertos aspectos contenidos en el programa y suficientemente divulgados durante la campaña electoral; del mismo modo, señalamos la reafirmación de la idea de abordar el problema del endeudamiento interno y, en el ámbito específico del sector agropecuario, la implementación de medidas tendientes a facilitar el acceso al crédito.

En lo que a vivienda se refiere, corresponde destacar el propósito de hacer un inventario de las viviendas disponibles no ocupadas, así como el envío de un proyecto de ley nacional de garantía de alquileres.

En el área de la educación, las prioridades que atenderá la nueva administración refieren al acondicionamiento, reparación y mantenimiento de locales de enseñanza, así como a la creación de doscientos cargos en aquellas escuelas donde se verifican los índices más altos de repetición y deserción escolar. También es de resaltar la propuesta de oír la opinión de los docentes en el ámbito de los diferentes organismos rectores de la educación pública.

Asimismo, la apuesta a promover un turismo interno social –sin descuidar el turismo específicamente lucrativo que apunta a obtener divisas de visitantes extranjeros– habla a las claras de la preocupación de un gobierno popular por el bienestar de la gente.

En el ámbito de las relaciones laborales, también cabe destacar la reafirmación de una propuesta que los asalariados habían recibido con beneplácito, como lo es la vigencia de la negociación colectiva y la reinstalación de los consejos de salarios.

Se trata de medidas que van en sentido inverso de lo que ha sido la prédica machacona del fundamentalismo neoliberal, cuyo pensamiento único promueve la desregulación laboral que deja en absoluto desamparo al trabajador.

En las otras áreas del quehacer nacional, el Presidente de la República confirmó los lineamientos generales del programa de gobierno del EP-FA-NM, sin hacer anuncios espectaculares o sorprendentes.

En materia de derechos humanos –específicamente en lo que refiere al terrorismo de Estado–, hubo una reafirmación del compromiso expreso de cumplir con los artículos primero y cuarto de la Ley de Caducidad, este último sistemáticamente ignorado por las administraciones precedentes.

Pero lo que sí sorprendió –tanto a la militancia progresista como al resto de la sociedad– fueron dos anuncios de capital importancia. En primer lugar, la decisión de ingresar a los establecimientos castrenses a efectos de comprobar si hubo enterramientos con el fin de llegar al fondo de la verdad sobre el destino de los desaparecidos. Y en segundo lugar, el punto de vista del flamante gobierno –radicalmente contrario al sustentado por los gobiernos anteriores– en cuanto a que hay tres casos enmarcados en el terrorismo de Estado de los años de plomo para los que no rige la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Uno de ellos es el secuestro en Buenos Aires de la ciudadana argentina María Claudia Irureta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, su traslado a Montevideo, la apropiación de su bebé nacido en cautiverio, su presumible muerte en una mazmorra a manos de esbirros uruguayos y su posterior desaparición. Recordemos que fue éste un motivo de conflicto entre los presidentes Kirchner y Batlle.

Y los otros dos casos que el Presidente excluye expresamente del amparo de la Ley de Caducidad tienen un hondo significado para todos los uruguayos, pues se trata del asesinato –ocurrido en Buenos Aires– de dos figuras entrañables que adquirieron la condición de mártires paradigmáticos: los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

La Ley de Impunidad seguirá vigente pues nadie ha hablado de su eventual derogación, algo que por otra parte de nada serviría si nos atenemos al principio de que las leyes no tienen efecto retroactivo. Pero alguna rendija permite que se filtre una luz de esperanza: la posibilidad de que –a pesar de los pesares– podremos, si no saciar, mitigar al menos en parte la sed de justicia que nos agobia desde hace veinte años. *