La organización gremial de la Policía

La posibilidad de que el instituto policial conforme un sindicato como los demás funcionarios públicos, comporta un planteamiento que deberá dilucidar el gobierno electo, en un marco de ponderado equilibrio. Y ello, porque la Policía tiene por razones constitucionales y legales, la función de preservar el orden público interno, como igualmente garantizar la seguridad de todas las personas que conviven dentro del territorio nacional.

Quienes reivindican la sindicalización policial, aducen que su objetivo es proteger los derechos civiles y administrativos de sus integrantes, -aspiración que debe reputarse legítima- si tenemos en cuenta la difícil situación en que se encuentran inscriptas sus actividades. Porque nadie puede ignorar -por citar uno de los problemas- los bajos salarios que perciben, aspecto económico que los obliga a procurar ingresos complementarios, en desmedro de su salud física y sicológica.

Para quienes no forman parte de sus filas, les resulta engorroso dimensionar el esfuerzo y sacrificio de quienes, sin aliciente resarcitorio, comprometen diariamente la propia vida y por ende el futuro de su familia. Y esos riesgos requieren una protección exorbitante, cuando con recursos precarios o escasos, deben enfrentar a una delincuencia altamente capacitada y sumamente peligrosa, por su total falta de escrúpulos.

En ese contexto, el funcionario policial se ve sometido a tomar decisiones, donde el despotismo del tiempo puede serle fatal, ya que debe cuidar que ellas no rebasen los límites trazados por normas, que el trasgresor no vacila en vulnerar. Demás está decir, con este razonamiento no estamos afirmando que no existan excesos o desviaciones de poder por partes de algunos miembros del instituto, sino recordar las palabras del maestro Irureta Goyena cuando decía: «Hay que apreciar los hechos con el espíritu del agredido, en el momento de la agresión y no con el sentimiento del que no corriendo ningún riesgo, percibe hechos y descubre naturalmente soluciones que no podían revelarse al actor en el drama». Y la cautela que se le impone para medir las consecuencias de cada movimiento surge de la ley, cuando se determina que utilizará las armas, la fuerza física y cualquier otro medio material de coacción, en forma racional, progresiva y proporcional, debiendo agotar antes los medios disuasivos adecuados que estén a su alcance según los casos.

Hechas estas precisiones, la pregunta que sobreviene a nivel popular, es saber si en la hipótesis de que se produzca un conflicto entre el sindicato policial y el gobierno, sus funcionarios pueden decretar la paralización de los servicios o provocar restricciones parciales como el trabajo a reglamento. Y naturalmente que la interrogante es razonable, en virtud de tareas específicas que cumple la Policía en materia de seguridad y salvaguarda de los derechos que el orden jurídico reconoce a los ciudadanos.

Indudablemente que a la hora de dilucidar problemática tan compleja, la nueva administración tendrá en cuenta las legislaciones que han trabajado sobre el tema, recogiendo antecedentes y experiencias, para que el justo equilibrio de los intereses involucrados no comprometan el normal cumplimiento de los servicios esenciales, sin los cuales sería imposible la continuidad de la vida nacional. Recuérdese que la Constitución no solamente encomienda a la ley la organización de sindicatos gremiales sino que también le dice que debe promover la creación de tribunales de conciliación y arbitraje, con la lógica finalidad de que exista un recorrido de negociación, donde se prevé que si la misma fracasa, la controversia se dirima en el campo del derecho, mediante un laudo al cual deberán someterese las partes.

Resulta altamente positivo, que los funcionarios que pugnan por la sindicalización policial digan públicamente que descartan que el instituto llegue a interrumpir los servicios, por ser conscientes de que ello aparejaría un infortunio colectivo, en perjuicio de la población y de la propia estabilidad democrática. Porque, soslayando que una medida de esa naturaleza es además incompatible con el verticalismo y la disciplina, lo importante es que el planteo tenga una raíz de inequívoco cuño republicano. *