La situación de las cárceles

Si existe una situación que debiera avergonzar a todos los uruguayos es la que se vive en las cárceles, producto de desaciertos reiterados de las autoridades, de las políticas económicas que reiteradamente niegan recursos para mejorar la situación de estos establecimientos, y hasta una agresiva posición de muchos uruguayos que, abrumados por la creciente delincuencia, sostienen que las cárceles deben ser un lugar de escarmiento y mortificación para los delincuentes, negándole a las mismas un papel de reeducación. Pero, nos parece, que también existe un tema central que debiera ser considerado. Los distintos gobiernos no tuvieron claridad en sus políticas de cárceles y, por ello, no logran que las mismas cumplan el cometido establecido en las normas constitucionales. ¿Qué queremos decir? Que en esos depósitos de hombres nadie se reeduca y sociabiliza, porque el objetivo de los distintos Ministerios del Interior es tratar a los internos imponiéndoles por todos los medios, incluso la violencia, un sentido de autoridad que en ocasiones es desmedido. A ese absurdo verticalista, violatorio de los derechos humanos, se suman las carencias edilicias que obliga a los presos a convivir horas y horas en celdas inadecuadas, lo que se convierte en una especie de tortura adicional cuyo resultado es un mayor resentimiento y una multiplicidad de problemas de relacionamiento que, justamente, van en contra de la función de esos organismos de detención.

Por otra parte el ocio aparece siempre. Los internos tienen muy pocas tareas para realizar. La mayoría hace transcurrir el tiempo, meses o años de reclusión, sin realizar ningún trabajo que sirva para abrirse una futura salida laboral y, además, hacer más llevadera su estancia en esos lugares insólitamente deteriorados.

Parecería que el futuro ministro del Interior, el doctor José Díaz, está estudiando el tema, profundizando en las necesarias salidas para que las cárceles en lugar de ser escuelas para delincuentes se conviertan en lugares dignos, adecuados, para reencausar a los que han delinquido. Si se concretara esa idea que manejó el futuro ministro de reducir las penas a los reclusos que trabajen y estudien se estaría logrando algunos objetivos que parecen básicos.

Primero, el darle un impulso a los propios presos, que a través de tareas programadas y de su formación, pueden acercarse a la libertad. Por supuesto que todavía en el país siguen presentes los atrasos judiciales, de miles de seres humanos que se encuentran encarcelados en razón de las demoras de un Poder Judicial que, obviamente, podría haber ido solucionando el atraso –más que endémico– para dictar las penas.

Se mencionan carencias presupuestales, que son ciertas. Pero más importante que ello es la vida de miles de ciudadanos, encarcelados con proceso abierto, que no tienen la certeza de la pena que les impondrá la Justicia que, muchas veces, cuando llega, es menor a los años de reclusión que lleva la persona.

Estos son algunos problemas que se deben solucionar de inmediato. La Constitución sabiamente establece que las cárceles no pueden ser lugares para mortificar a los seres humanos, extremo que es violado en cada una y en todas las cárceles del país.

¿Entonces? Los caminos a recorrer son claros y todos ellos están relacionados a cómo le vaya al país en los próximos años. Se necesita mejorar los edificios carcelarios, sortear de una vez por todas las carencias en la alimentación de los internos y, por supuesto, crear las infraestructuras adecuadas para que todos los que estén en condiciones de hacerlo, puedan encarar la realización de tareas reeducativas (trabajo o/y estudio).

Esa es una tarea fundamental que, hasta el momento, ningún gobierno ha encarado de manera adecuada. Todo ello desembocó en el actual hacinamiento y en el maltrato –que nada tiene que ver con establecer la autoridad– que es la moneda corriente en esas instituciones.

Esperamos tener, a corto plazo, buenas noticias al respecto. *