La educación como política de Estado

Tres áreas clave del quehacer nacional están en el centro del diálogo que el gobierno electo mantiene con las fuerzas políticas de oposición a efectos de llegar a acuerdos y consensos mínimos: política internacional, economía y educación.

El primer encuentro formal entre gobierno electo y oposición tuvo lugar el miércoles y en él se comenzó el análisis de las propuestas en materia de educación. Todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de abordar el estudio de la problemática del área para hallar respuestas concretas y correctas a una realidad educativa que exige un replanteo serio sobre fines y medios.

Hubo un tiempo  ya a esta altura, bastante lejano  en que el Uruguay se destacaba por la calidad de su educación. El nivel cultural del uruguayo medio se situaba muy por encima del resto de los latinoamericanos y nada tenía que envidiar al de los europeos; la prueba está en que los compatriotas que emigraban  ya fuera por razones económicas como políticas  no tenían dificultad para insertarse en el mercado laboral de los países que los acogían.

La realidad de hoy día dista mucho de aquélla. Merced a la progresiva tacañería de los gobiernos de turno a la hora de asignar recursos presupuestales, ya a fines de los sesenta la educación pública empezó a padecer carencias. Luego, como consecuencia del odio que la clase gobernante sentía hacia una enseñanza pública popular, independiente y contestataria, la Ley de Educación General aprobada unos meses antes del golpe de Estado apuntó a desarticular a los organismos rectores de la enseñanza para poder dominarlos y ponerlos al servicio de sus intereses. Finalmente, como todos sabemos, la dictadura se ocupó concienzudamente de asestar las estocadas necesarias para terminar con la autonomía y evitar que los ciudadanos se formaran en libertad, en profundidad y con espíritu crítico.

Una vez recobrada la normalidad institucional, el primer gobierno democrático se abocó a deshacer los entuertos más groseros e irritantes que la dictadura había elaborado en el área de la enseñanza. Pero ya nada sería igual, y el daño infligido todavía perdura.

No obstante, no todos los males son imputables a la Ley de Educación General pergeñada por el doctor Sanguinetti cuando ejerció la titularidad del MEC bajo el gobierno de Bordaberry, ni a la gestión del gobierno de facto cívico-militar que destruyó la educación como si se tratara de un objetivo militar del enemigo.

Hay otros factores  económicos, sociales y culturales  que han incidido para que la formación de nuestros jóvenes de hoy esté por debajo del nivel de otrora.

Obviamente, no se trata de volver a la realidad de cuarenta o cincuenta años atrás. Entre otras cosas, porque será preciso adecuarse a los cambios verificados en ese lapso en el mundo entero, cambios que tienen que ver con los contenidos, con las nuevas corrientes pedagógicas y con la aparición de nuevas herramientas didácticas.

Si bien la tarea será ardua, confiamos en la reconocida capacidad de las nuevas autoridades del MEC y hacemos votos porque se llegue a un acuerdo con la oposición de modo de impulsar políticas de Estado que permitan mejorar la calidad de la enseñanza de modo que todos los uruguayos puedan recibir la educación que merecen. *