El cooperativismo, instrumento para consolidar la democracia

Un aspecto trascendente en torno a este momento, se vincula con la consolidación y profundización de la democracia en lo político, económico, social y cultural con una marcada impronta participativa y solidaria.

Todo esto adquiere particular relevancia al considerar que la globalización económica y financiera que aún se nos impone, está muy lejos de los ideales de crear un mundo responsable, solidario, basado en la complementación y el intercambio productivo para la vida. El modelo de desarrollo impulsado ha convertido el concepto de desarrollo sustentable en una contradicción, ya que el crecimiento ilimitado y la concentración de riqueza que lo caracteriza generan depredación de la naturaleza, deterioro ambiental y mayor pobreza.

Los derechos de la gente y la soberanía de los Estados se subordinan a los intereses mercantiles de unas cuantas empresas. No solo no se apoyan las iniciativas populares, sino que se fragmenta y debilita a las organizaciones sociales y comunitarias que pretenden conservar cierta autonomía y capacidad de decisión y gestión de sus proyectos.

Ya no se trata sólo de la puesta en cuestión de los Estados nacionales, sino que también todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que emprenden desarrollos autónomos son objetadas, como también es permanentemente boicoteado todo proyecto de autosustentabilidad nacional o articulación regional que no siga la lógica signada por los organismos multilaterales.

En lo que refiere a la situación del cooperativismo en el Uruguay, digamos que, existiendo una serie de normas legales dispersas, el esfuerzo actual se concentra en el Proyecto de Ley General de Cooperativas, que comenzará a tratarse a partir del 15 de febrero de 2005, fecha en la que se instalará la nueva legislatura surgida de las elecciones nacionales del 31 de octubre ppdo.

Dicho esfuerzo se entrecruza y complementa con otras iniciativas de carácter político que pasamos a describir:

a) Instrumentar un modelo de promoción y fomento de las cooperativas, que evitando todo paternalismo y/o intervensionismo, asuma el pleno reconocimiento de la independencia del movimiento cooperativo y sea capaz de impulsar una verdadera alianza estratégica entre el Estado y el propio sistema cooperativo, en beneficio de nuestro pueblo.

b) Creación de un organismo (Consejo Superior del Cooperativismo; Secretaría de Economía Social u otro) que al más alto nivel del Estado se constituya en el asesor en las políticas nacionales en materia de cooperativas, impulsando, planificando, articulando, supervisando y coordinando con los organismos pertinentes la ejecución de aquellas. En lo inmediato se puede pensar en fortalecer y dinamizar la Comisión Honoraria de Cooperativismo creada en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República.

c) Implementar un sistema de contralor que, en forma mixta entre el Estado y el propio movimiento cooperativo organizado, permita un eficiente control social y económico de las cooperativas, impida su desvirtuación y fortalezca los mecanismos y comportamientos de autocontrol.

d) Desarrollar en el marco de las políticas educativas y formativas a todos los niveles (primario, secundario, terciario) acciones tendientes a incorporar prácticas de responsabilidad, participación, gestión y dirección de empresas cooperativas. Se trata de una política insoslayable para el objetivo de inclusión y cohesión social.

e) Revisar la legislación específica de quiebras y disoluciones de empresas en general, con el fin de incorporar elementos que faciliten a través de cooperativas de trabajo y/o servicio el mantenimiento de fuentes de producción y trabajo, con las consiguientes responsabilidades. Tener en cuenta al respecto los avances que se están produciendo en la materia tanto en Argentina como en Brasil.

f) Aplicación de políticas promocionales y de estímulo analizadas de acuerdo al sector de actividad, al tamaño de las cooperativas y el tipo de necesidades sociales y/o económicas a que den satisfacción.

g) A partir de las investigaciones y determinaciones de la Auditoría General de la Nación, proseguir decididamente el proceso de depuración de pseudo-cooperativas, instaladas fundamentalmente en el sector financiero, que al privilegiar el lucro, se han ubicado al margen de los principios cooperativos.

h) Apoyar decididamente el ámbito ya creado de la «Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur» (RECM), facilitando la interacción de los órganos estatales de promoción cooperativa y las cooperativas y entidades representativas, a los efectos de coordinar políticas homogéneas en el área regional e incidir positivamente en el proceso de integración en marcha. Desde nuestro punto de vista, este aspecto es consustancial a los esfuerzos e iniciativas a nivel Continental y Mundial.

(*) Esta nota es parte de la exposición realizada por el legislador en un encuentro sobre cooperativismo, realizado en la ciudad de Buenos Aires, auspiciado por la Alianza Cooperativa Internacional. *