Derechos ciudadanos y secretos de Estado

La inminencia de un cambio de gobierno que esta vez entraña posibilidades de cambios profundos en la historia del país ha venido a colocar, de un modo u otro, en el orden del día la moderna problemática del «habeas data», es decir el derecho de los ciudadanos a conocer lo que el Estado sabe de ellos.

De un modo u otro esta problemática ha estado presente en todos los países de la región, empezando por Chile y Argentina.

Resulta interesante saber cómo esta problemática de los archivos secretos de los Servicios de Seguridad del Estado está siendo abordada en Brasil, país que con mucha frecuencia es colocado en el pedestal de un paradigma por la política económica que impulsa la nueva administración bajo la conducción de Luis Ignacio Lula da Silva.

Efectivamente muchos de los cambios que en Brasil se vienen operando a impulsos de la nueva administración no remiten exclusivamente a las condiciones macroeconómicas. En el terreno de la reconstrucción del pasado y la memoria colectiva, la cuestión viene siendo bien diferente a los criterios aplicados por su antecesor Fernando Henrique Cardoso.

En el año 2002 ya casi al final de su mandato, Cardoso elevó de treinta a cincuenta años el lapso necesario para la apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas que intervinieron directamente en la represión política en los años sesenta y setenta.

En estos días «el gobierno de Brasil creó una comisión ministerial encargada de abrir los archivos de la dictadura, con lo cual dos estados federales, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, decidieron hacer de acceso público los archivos militares sobre la represión ejercida por la dictadura militar en el poder entre 1964 y 1985. Por otra parte, el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, anunció ayer que la Policía Federal investigará la incineración de los documentos secretos en Salvador.
Durante mucho tiempo el ejército negó la existencia de archivos sobre los asesinatos ocurridos en prisiones del régimen militar que, según la organización ‘Tortura nunca más’ es responsable de la muerte de 300 personas y de la desaparición de otras 136 entre 1964 y 1980. Después de la denuncia difundida el domingo por la televisión de San Salvador de Bahía, sobre la quema  al parecer intencional  de documentos de la represión ilegal durante la dictadura militar en la Base Aérea de Salvador, los responsables de la Base Aérea ubicaron otros documentos, aún intactos, que estaban ‘listos para ser incinerados’. El citado ministro de Justicia anunció ayer (por el 14 de diciembre) que la Policía Federal investigará la incineración de los documentos secretos en Salvador».

En el mismo sentido han venido bregando varias organizaciones de Derechos humanos argentinas y resulta especialmente significativo el esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo reclamando la apertura de los archivos militares como un camino imprescindible que contribuya para darle un nuevo impulso a la búsqueda de los más de cuatrocientos niños secuestrados durante la dictadura militar y que aún permanecen en manos de sus apropiadores.

Con idéntica fuerza, dirigentes y juristas que apoyan a las Organizaciones de Madres que denuncian el genocidio argentino y la multitudinaria desaparición forzada de personas reclaman la puesta en estado público de los archivos de los Organismos de Inteligencia del Estado como contribución imprescindible para avanzar en la búsqueda de los miles de ciudadanos desaparecidos.

El problema, pues, al que a la corta o a la larga deberá enfrentarse la nueva administración tiene antecedentes y ejemplos próximos y recientes.

También algunos investigadores han insistido en la significación que adquirirían documentos referidos a la represión en Uruguay que obran en poder de órganos del Estado norteamericano y que recientemente se han ido desclasificando.