Luces y sombras de la transición

Sólo después de concluida la transmisión del mando, tanto en el plano legislativo como –sobre todo– en el Poder Ejecutivo, el analista tendrá oportunidad de acercarse a la realidad, ahora casi completamente opaca, de lo que está ocurriendo en este insólitamente dilatado período de transición.

Obsérvese que este hiato temporal, esta suerte de tierra de nadie en el curso del acontecer, nunca antes la habíamos podido percibir como lo que realmente es, una eternidad. Y es lógico que así fuera. El «cambio» no era tal, cada administración que accedía era, con matices y retóricas algo diferentes, una prolongación de la agonía anterior a que se venía sometiendo al país. Por eso la transición se vivía sin pena ni gloria.

Nadie tenía necesidad de «borrar las huellas» de sus desatinos, despilfarros o exacciones. Los que venían atrás se ocupaban. Funcionaba un pacto tácito que todo lo presentaba como normal, todos los males eran fruto de lo «naturalmente» esperable.

Así sucedió con los tremendos déficit fiscales: hasta la elección eran chiquititos, casi chirolas.

Cuando accedía el nuevo elenco, la catástrofe fiscal aparecía con su impresionante desnudez. Eso no generaba demasiada inquietud en el gobierno que llegaba: se procedía a un ajuste fiscal, el «último», el «ahora sí que con esto queda todo arreglado para siempre», el «nos gustaría no tener que aumentar la carga fiscal, pero no tenemos más remedio».

La prosa se repitió con ritmo quinquenal y sin demasiadas innovaciones semánticas. Así todo desborde, todo atropello al patrimonio público, todo desvalijamiento y entrega quedaba perfectamente maquillado, listo para corretear libremente por la calle disfrutando de la tácita impunidad de las elites «nacidas para mandar».

A diferencia de aquel monarca francés que se ufanaba de proclamar «después de mí, el diluvio», los gobiernos colorados y blancos se susurraban bajito: «después de nosotros vendrán los compañeros (blancos o colorados) y sus artilugios, ¡qué diluvio ni diluvio!: impunidad».

Ahora ya no se trata de una transición entre iguales. Los que llegan no son «compañeros». Son, y se precian de serlo, de izquierda. Son sus adversarios de fondo. No quieren tapar, no creen que eso sea legal ni que le haga bien a la democracia.

Los que llegan, a justo título, se proponen hacer en todas las oficinas estatales y de las empresas públicas, auditorías administrativas para detectar la existencia de irregularidades o delitos contra el patrimonio nacional . Con todas las garantías y sin póliza de impunidad. Las pólizas de ese tipo ya están vencidas.

Tanto la administración central como los Entes Autónomos uruguayos tienen una historia rica y una composición compleja. Abundan los paracaidistas, los acomodados, los malos funcionarios y aprovechadores. Y las empresas privadas que lucran y los hacen lucrar a expensas de los intereses de los consumidores.

Pero sería desconocer una realidad que cualquier observador percibiría que en algunos sectores jerárquicos y, ni hablar, en los cargos intermedios y bajos de la administración, existen camadas de funcionarios y de profesionales que actúan con honradez y dignidad.

Lo mismo ocurre con sectores del cuerpo gerencial en algunas de las empresas públicas. ¿Cuántas veces es por vía de esos altos funcionarios que la oposición se entera de tal o cual maniobra que se está gestando en las cimas del poder?

En la inevitable reforma del Estado y en el restablecimiento del espíritu de servidor público que la nueva administración impulsará, estos funcionarios y jerarcas calificados y limpios tienen un papel importante que desempeñar. *