El clima de inseguridad pública

En el momento de escribir estas líneas no es mucho lo que se ha avanzado en el esclarecimiento del asesinato del conductor de un ómnibus de pasajeros de la empresa Raincoop. El trabajador fue hallado en la mañana de ayer en Solymar Sur, con un disparo en el cráneo.

Como expresión de repudio a este nuevo crimen y en solidaridad con su familia, los trabajadores resolvieron de inmediato la realización de un paro que se prolongó hasta el final de la jornada.

Resulta realmente alarmante el proceso de deterioro de la seguridad pública a la que asiste el país.

Las raíces más profundas de este ahondamiento de las tensiones sociales que se expresa en crecimiento exponencial de la inseguridad pública, una vez más, afecta directa e indirectamente al pueblo trabajador. En uno y en el otro polo que la dramática situación genera se encuentran hombres y mujeres de trabajo.

Como suele ocurrir en nuestra América latina, la inseguridad pública tiene un signo clasista y no puede ser razonablemente interpretada ni resuelta si no se encara el conjunto de situaciones que viene provocando en el país el crecimiento abrupto de la pobreza, la marginalidad y la exclusión.

La economía, sostiene mondo y lirondo el gobierno, recobra a gran ritmo su crecimiento.

Lo que se permite omitir, este elenco ya a punto de salir, es que los graves daños sociales, impuestos por varios años de políticas de distribución negativa del ingreso y estancamiento económico, no se lograrán resolver de un día para otro ni será el resultado mecánico de una buena zafra o la mejora de las exportaciones de tales o cuales rubros.

El colapso social es paralelo y en gran medida consecuencia de las políticas de desmantelamiento del Estado, de su deserción en territorios clave de la vida del país, como lo son la educación, la salud, la vivienda y la seguridad ciudadana.

El Estado colapsado por la irresponsabilidad social de las clases dirigentes, por su fundamentalismo importado y su obstinación en el error, ha conducido al pueblo uruguayo a una situación de inestabilidad y desesperación.

Clima profundamente perturbador para la vida cotidiana de millones de personas humildes, que viven de su trabajo pero que cada vez alcanza menos a los barrios selectos y bien guardados por policías privadas, donde suelen morar los altos jerarcas de una administración responsable de la inestabilidad social que afecta al país.

Los trágicos episodios de las últimas semanas encuentran al país intentando recobrar la esperanza y la confianza en sí mismo y sus potencialidades a partir del advenimiento de un nuevo gobierno.

Un gobierno que ponga a punto la educación pública, resuelva los gravísimos problemas que afectan al área de la salud y eche a andar nuevamente las poleas de una actividad económica capaz de absorber mano de obra, mejorar los salarios y dignificar la condición obrera.

Un gobierno que no se proponga la destrucción irresponsable de las áreas estatales dejando a la sociedad librada a las leyes de la selva del mercado y la llamada libre competencia.

En la problemática de la Policía y la seguridad pública se condensan las carencias profundas, estructurales, de todo un modelo. La experiencia de los países vecinos nos muestra hasta qué punto los climas de inseguridad colectiva pueden ser manipulados política e ideológicamente sobre una población sometida al bombardeo incesante de factores de intranquilidad.

El episodio de El Pinar es otra dramática expresión de la complejidad del caos y la injusticia social implantados por la línea de acción de los gobiernos neoliberales. *