El emblemático procesamiento de Pinochet

Por segunda vez el juez chileno Juan Guzmán decidió el procesamiento de Augusto Pinochet, acusado de la desaparición forzada de nueve personas y de un homicidio. El procesamiento es el resultado de la resolución de la Corte de Justicia de dejar sin efecto los fueros que impedían su comparecencia ante la Justicia, esta vez para que se someta a las acusaciones que lo asocian a los crímenes del Plan Cóndor.

El episodio tiene un singular valor emblemático. La impunidad en el Chile de Pinochet parecía una circunstancia inamovible y su capacidad para eludir el momento de rendir cuentas por sus innumerables crímenes, un factor inalterable de las relaciones de fuerzas existentes en aquel país.

El avance demorado de los procesos, los recursos, presiones y chicanas infinitas levantadas por el acusado y su defensa, parecían desmoralizar no sólo a las víctimas sobrevivientes del genocidio chileno sino a la propia noción de justicia. La impunidad de Pinochet resultaba el símbolo incuestionable de la incapacidad de las sociedades latinoamericanas de hacerse cargo de los crímenes cometidos durante los años de la infamante vigencia de los regímenes de terrorismo de Estado.

El enjuiciamiento resuelto por el Juez Guzmán Tapia tiene un profundo significado interno para la democracia chilena y para los hombres, mujeres y organizaciones que han venido luchando por la justicia en aquel país.

Pero esa condición emblemática, la resonancia internacional de ese enjuiciamiento, se amplifica porque de lo que se trata esta vez es que, a diferencia del procesamiento anterior, motivado por sus responsabilidades por la caravana de la muerte, ahora el enjuiciamiento sobreviene por sus responsabilidades criminales en el curso del Plan Cóndor.

Operación de un porte tal y de una naturaleza tan perversa que sus promotores y ejecutores han negado sistemáticamente su existencia. Tratándose de un verdadero «pacto criminal» entre las dictaduras del Cono Sur, destinado a la cacería y eliminación violenta de los opositores al Estado Terrorista, el Plan Cóndor es la expresión más sofisticada de la degradación y perversión alcanzada por las dictaduras del Cono Sur latinoamericano de los años 70 y 80.

Para nuestro país el asunto tiene especial resonancia ya que los gobernantes de turno en aquel período han negado sistemáticamente la existencia de aquel plan de coordinación homicida.

Los crímenes por los que ahora se procesa a Pinochet no han sido cometidos en territorio chileno sino en Argentina, Bolivia y Paraguay.

De mismo modo que los crímenes que para nuestro país han significado cientos de desapariciones en Argentina, otras en Paraguay y Chile y los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, con la connivencia expresa de altos funcionarios de la dictadura de Videla.

Abierto el auto de procesamiento de Pinochet por estos delitos fuera de frontera, el Plan Cóndor cobra nueva consistencia, ahora ante el foro de un país que conoció, en el mismo período que el nuestro, las crueldades y el ocultamiento inaudito sobre el que se construyeron las dictaduras.

Los recursos interpuestos por la defensa del dictador, la circunstancia que hasta ahora Pinochet haya venido postergando su comparecencia ante la justicia invocando de su incapacidad mental, han sido finalmente desestimados por el magistrado actuante, luego de un examen minucioso de las actividades financieras actuales y recientes del acusado, especulaciones sobre dinero mal habido en las que ha mostrado la suficiente coherencia, habilidad e intención de eludir sus responsabilidades ante la justicia que lo han caracterizado siempre.

Esta vez el pretexto de la incapacidad senil no se considera eficaz para detener un proceso de indagación sobre los hechos, que será sumamente importante en el campo internacional y de la sanción de medidas de justo castigo que resultarán ejemplarizantes al caer sobre quien se ha pretendido colocar, desde hace más de treinta años, por encima de las instituciones humanas. *