La integración de los organismos estatales

Desde que se conocieron los resultados del último acto electoral, el gobierno electo ha venido dando los pasos hacia la transición.

El nuevo gabinete ministerial ya ha sido designado y se han mantenido contactos con los partidos que estarán en la oposición para la integración de los organismos estatales. Tales reuniones se llevaron a cabo con los tres partidos minoritarios con representación parlamentaria, a saber: Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente; hubo incluso ofrecimientos a estos partidos, por parte de la fueza política ganadora en los últimos comicios, para que algunos de sus cuadros integraran el gabinete, aunque ya sabemos que la respuesta fue negativa.

Las nuevas autoridades de gobierno han exhibido en todo este proceso mesura y ponderación, así como respeto por las minorías. Con altibajos –o con luces y sombras–, han contado con una buena disposición de parte del gobierno saliente en lo que respecta a la transición; el diálogo entre el futuro secretario de la Presidencia y el actual ha sido fluido y cordial.

En cuanto a la integración de los entes y servicios descentralizados y de otras dependencias estatales –cuyos directorios se componen de varios miembros– la fuerza ganadora, aunque no está obligada a ello por la Carta Magna, piensa dar participación proporcional a los partidos de la oposición. Es la forma natural de permitir que la oposición ejerza su función de contralor sobre la gestión de gobierno de la mayoría, pero no ha sido la tónica en las últimas administraciones. En efecto, con excepción del primer gobierno del doctor Sanguinetti, en el que el Frente Amplio tuvo representantes en algunos organismos (Antel, AFE, BROU), la izquierda estuvo sistemáticamente excluida y los organismos estatales se integraron exclusivamente con elementos de ambos partidos tradicionales. Se llegó incluso al extremo de que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas están integrados de acuerdo con los resultados de las elecciones de 1994, sin tener en cuenta la elección de 1999 en que la izquierda aumentó notoriamente su caudal electoral.

Así las cosas, llama la atención el editorial de El País de ayer, lunes 13. Sostiene el editorialista que el EP-FA-NM ha adoptado una filosofía «de corte netamente autoritario que le permitiría gobernar por sí y ante sí, con absoluta prescindencia de las minorías, como si hubieran logrado el 100% de los votos. Y sólo obtuvieron el 50,45%, sin llegar siquiera al 51%». (Todo sic). Si, como es intención del nuevo gobierno, los directorios de los organismos de cinco miembros estarán integrados por tres del EP y dos de los partidos tradicionales, y en los de tres miembros dos serán de la fuerza triunfadora y uno blanco o colorado, no se advierte en qué estaría violentándose el espíritu de dar participación a las minorías.

Con una generosidad de que carecieron los partidos tradicionales, la izquierda se propone respetar la representación proporcional; es así que la Corte Electoral, de nueve ministros, tendrá cinco del EP-FA-NM y cuatro de la oposición, mientras el Tribunal de Cuentas, de siete miembros, se integrará con cuatro de la izquierda y tres de la oposición. Se alarma –inexplicablemente– el colega por el hecho de que los organismos estatales de dirección colegiada tengan mayoría de la fuerza vencedora. ¿De qué otra manera deberían integrarse para respetar fielmente el resultado electoral? ¿Pretende, acaso, que para cumplir la función de contralor la oposición tenga mayoría en los organismos estatales y que la fuerza vencedora en los comicios quede en minoría? *