Políticas sociales

Ocioso sería insistir sobre los efectos que la aplicación del modelo neoliberal ha tenido en la sociedad, pues todos sabemos que el libremercadismo ha implicado un crecimiento injusto que promovió la concentración de la riqueza y la exclusión social; se desmanteló el aparato productivo, creció el desempleo y bajó el nivel de salarios. Estos hechos objetivos e inobjetables tienen, a su vez, consecuencias terribles: fractura social, marginación, miseria, desnutrición, deserción escolar, trabajo informal, aumento de la delincuencia, etcétera.

Este modelo empezó a aplicarse durante la dictadura cívicomilitar que ensombreció al país por doce años. Fue entonces que se empezaron a ver por las calles de la ciudad los carritos de tracción a sangre cargados de residuos. Fue la «solución» que encontraron muchos compatriotas marginados a su situación de desocupación; la clasificación de basura fue la forma de sobrevivencia para miles de orientales excluidos. Como la situación económica y social, lejos de mejorar fue empeorando bajo las administraciones coloradas y blancas después de la dictadura, los famosos carritos de hurgadores se multiplicaron.

Obviamente que la presencia de esos vehículos en las calles de la ciudad genera el malestar de los vecinos: entorpecen el tránsito, ensucian y afean la ciudad. Desde filas conservadoras empezaron a elevarse voces pidiendo solución al problema y responsabilizando al municipio por no tomar las medidas adecuadas.

Bajo las administraciones comunales progresistas se trató de encontrar soluciones al problema y para ello se realizaron algunos esbozos de reglamentación. Pero una realidad de la que no es responsable el gobierno municipal no puede ser resuelta meramente con medidas municipales. Y tampoco es de recibo la «solución» de prohibir la actividad o de sólo permitirla en lugares apartados, pues ello implicaría en los hechos quitar un medio de vida a miles de uruguayos a quienes el sistema formal ha negado posibilidades.

El problema de los hurgadores, que tanto molesta a las clases dominantes, deberá resolverse en el marco del Plan de Emergencia y dentro de los lineamientos programáticos que el gobierno electo se propone llevar adelante.

Será preciso combinar adecuadamente políticas de fomento del empleo, de reinserción laboral, de mejora del nivel salarial, con políticas asistenciales y de reeducación. Es decir que al mismo tiempo que se combaten los efectos, se ataquen las causas del problema.

Del mismo modo, la delincuencia no puede ser percibida en forma parcial para no apelar exclusivamente a soluciones represivas. En nuestras sociedades tercermundistas, expoliadas por el norte y por los pocos beneficiarios criollos del modelo, es el hambre –y la falta de perspectivas para saciarla– lo que mueve a los excluidos a delinquir.

La exclusión y la depauperación generan las patologías sociales como el debilitamiento de la familia o la deserción escolar y promueven la pérdida de valores. Se dan así las condiciones objetivas y las subjetivas para que las «soluciones» transgresoras –la infracción a las normas de convivencia– sean aquellas a las que recurren los desplazados para satisfacer sus necesidades; necesidades a cuya satisfacción el Estado debería atender pero se ha mostrado hasta hoy incapaz de garantizar. En nuestros países subdesarrollados, el sistema se vuelve más perverso aun, pues margina cada vez más a los seres humanos, los incita a consumir y a la vez les niega los medios para acceder al consumo.

El gobierno electo enfrenta, pues, el enorme desafío de revertir –con herramientas adecuadas y sobre bases sólidas– una realidad social sublevante. *