Hacia un Poder Judicial a la altura de las circunstancias

En una sociedad como la nuestra, de fuerte tradición legalista, con largos y fecundos períodos de estabilidad institucional, con progresos evidentes en el plano del derecho positivo, el Poder Judicial ha estado llamado a jugar un papel fundamental en el afianzamiento de las instituciones, en la vigencia del Estado de Derecho y en la percepción de la ciudadanía de vivir en una sociedad civilizada, sujeta a normas, con reglas de juego que garanticen la igualdad de derechos para todos, la independencia de los magistrados y la capacidad técnica para brindar justicia ante litigios y contenciosos de las más variadas materias.

Ese Poder Judicial, unido al prestigio de la Cátedra y de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, fue un punto de referencia no sólo para los uruguayos sino para el pensamiento jurídico y la acción judicial en varios países de América Latina.

Durante la dictadura cívico-militar y ya antes, durante el gobierno de Pacheco, la corporación fue objeto de un ataque sistemático por parte del Poder Ejecutivo. Tanto en el terreno fundamental de los recursos imprescindibles para un desempeño regular como en el reconocimiento de la autonomía y la dignidad que, como poder del Estado, la corporación exige.

La recuperación de los gobiernos civiles y democráticos encarnados en los partidos tradicionales a partir de 1985 dieron algunos pasos importantes para devolver al Poder Judicial los atributos que la Constitución le asigna y el autoritarismo le había arrebatado.

Sin embargo, la situación de «empate» entre el impulso democrático y los factores de apego al despotismo anterior, representado en los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle, hizo que el proceso de reinstitucionalización judicial quedara a medio camino, con grandes lagunas, tierras de nadie, ausencia de recursos financieros imprescindibles. Al mismo tiempo las presiones ejercidas desde el Poder administrador se hicieron más ominosas y más frecuentes.

El resultado es la existencia de un cuerpo de magistrados heterogéneo, con fuertes resabios del período autoritario, con zonas de debilidad en materia de principios y con bastiones de un auténtico sentido de la justicia y de la dignidad.

Este situación heterogénea es un campo de confrontación silencioso. Transcurre a menudo en un territorio oscuro y difícil de descifrar para la opinión pública.

No obstante las rémoras autoritarias y el peso de nuevos factores de presión nacidos de las corrupción en las altas capas de la administración, la tendencia en el país, como está ocurriendo en otros de la región (con vaivenes en Chile, en forma más neta en Argentina) es al avance de la independencia, la dignidad y la calificación de los magistrados.

Sin esos atributos, no hay verdadera democracia en el país.

Sin un Poder Judicial enérgico, fuerte, con medios técnicos y un sistema de garantías transparente para la carrera funcional de todos los magistrados, no hay estado de derecho posible.

Y sin estado de derecho, sin un respeto simbólico y efectivo a la ley, el país tendría graves dificultades de superar sus retrasos y sus graves problemas económicos y, sobre todo, sociales.

Y así como en el plano económico no estamos aislados de la región y del mundo, en el plano del derecho y de los pactos internacionales cada vez estamos más condicionados por las nuevas corrientes que procuran construir para las democracias soportes fuertes y duraderos, con más y más sólidas garantías para el ejercicio de las libertades civiles y políticas, en el sistema de las relaciones internacionales. *