Los partidos políticos y la democracia

No hay duda de que en el largo ciclo de vigencia de la democracia uruguaya, que hunde sus raíces en el siglo XIX, los partidos políticos, empezando por los mayoritarios, Partido Colorado y Partido Nacional, ocuparon un lugar de alto rango entre las instituciones que hacían solvente y viable esa forma de gobierno. También las formaciones menores, como socialistas, comunistas y cristianos contribuyeron durante largo tiempo al mantenimiento de una dinámica de debate político, si no con grandes aportes electorales, al cuestionamiento y la movilización de las conciencias a través de sus propuestas sociales y cívicas y su acción parlamentaria y periodística.

Durante esa «edad de oro» de las instituciones republicanas no todos los problemas se resolvían, existían injusticias y desigualdad social, pero en el Parlamento y a través de los partidos se discutían soluciones, se expresaban protestas y la caldera del malestar social se descomprimía por la dinámica de la acción político-partidista que, junto a las organizaciones obreras, canalizaban las demandas populares.

En la década de los sesenta el proceso se vio crecientemente perturbado por la absorción que lentamente se hizo desde el Estado hacia los partidos. Los dirigentes de los partidos tradicionales, dueños de las palancas de la administración, sintieron que ya no eran las ideas, los programas o las emociones heredadas de las guerras civiles lo que podría darle vitalidad y asegurar la subsistencia de los partidos políticos oficialistas.

El clientelismo, la burocratización, la ausencia de vida política autónoma, fue haciendo cada vez más a los partidos dependientes de la administración, del presupuesto, de la plantilla, de las licitaciones, del aprovisionamiento del Estado.

El proceso culminó como no podía ser de otra manera.

La caída del prestigio de los partidos alentó la aventura militarista y dictatorial. Las instituciones de la democracia uruguaya fueron canceladas. Las unidades militares y la Junta de Oficiales Generales pasaron a ocupar las funciones de «representación del interés general» que antiguamente desempeñaba el Parlamento Nacional.

Un nuevo partido, solapado, clandestino, negado pero muy disciplinado, el partido militar con apoyos civiles, se hizo cargo de la administración.

¡Tras cuernos palos! Ni se terminó con los vicios politiqueros de la vieja administración civil ni se permitió la denuncia y la protesta legítima sin la cual no hay vida democrática.

La presión de la ciudadanía por la apertura de las cárceles y la vigencia plena de los derechos civiles y políticos creó una situación de aislamiento creciente para el gobierno cívico militar.

En medio de una gran expectativa ciudadana en 1982, luego del fracaso de la reforma constitucional que intentaron imponer los militares, se realizaron las elecciones internas de los partidos.

Vale la pena recordar las promesas que unos y otros le hicieron a la población acerca de la importancia del funcionamiento democrático de los partidos. Tanto que parecía que bastaba con que se reunieran libremente las convenciones, hubiera varios candidatos y elecciones para que la democracia estuviera restaurada.

No fue así. Las libertades se fueron concediendo con cuentagotas, y de hecho se gestó un pacto que llevó a un recambio electoral muy poco libre, sin demasiada elección, con Wilson Ferreira preso y Líber Seregni proscrito.

Con el advenimiento de los gobiernos civiles posteriores a las elecciones de 1984, las promesas de democratización de la vida política de los partidos tradiciones se desvanecieron en la niebla.

Al poco tiempo, el clientelismo campeaba y la corrupción volvía por sus prerrogativas «civiles», después de haber campeado bajo los uniformes y las botas del período autoritario.

La capacidad de un partido para funcionar democrática y autónomamente siendo gobierno es una prueba decisiva. Lograrlo es su más grande aporte a la profundización de la democracia. Es de esperar que el FA-EP-NM atraviese airoso esa prueba. *