La compleja relación entre el gobierno y la fuerza política

En el acto aniversario de la creación del Partido de los Trabajadores de Brasil –poco tiempo después de que Lula Da Silva asumiera la primera magistratura– su presidente, José Genoino, realizó un extenso y jugoso análisis de los errores que un gobierno de izquierda desde la institución estatal no debiera cometer en la relación con la fuerza política que lo llevó a ocupar esos espacios de poder. En aquel momento mereció la publicación en el suplemento Bitácora del diario LA REPUBLICA.

Soy de los que considera que las recetas de los modelos no son transpolables a situaciones, momentos y naciones diferentes, aunque también soy de los que creen que hay que prestar atención a los procesos de partidos de izquierda o progresistas que han recorrido antes que nosotros la empedrada transición hacia el gobierno, enancados en la voluntad popular.

Uno de ellos, decía Genoino haciendo referencia a errores a evitar, es que el Partido sustituya al Estado como lo que acontecía en el modelo implementado, entre otros, en la ex Unión Soviética.

Da la impresión de que tanto por la composición e historia del PT brasileño como el Frente Amplio uruguayo no sería esta la principal desviación a ser contenida.

El segundo error a no cometer, según el Presidente petista, es el hecho exactamente inverso: que el Estado sustituya al Partido o la «estatización del partido» .

En este caso el partido pierde su autonomía frente al gobierno, obedece enteramente sus directivas, se vuelve un partido ávido de cargos y sucumbe ante la lógica del gobierno, con el agravante de las consecuencias que esto implica en la esfera de los sectores sociales.

De este modelo de relacionamiento podría elaborar varias tesis el Partido Colorado, llevado por la casta gobernante de los últimos 50 años a su más mínima expresión electoral en octubre pasado.

El tercero de los errores a evitar, según el experimentado dirigente de izquierda, es que la misma fuerza política que ungió al gobierno se vaya transformando lentamente en una oposición frontal o velada al gobierno y desconozca el papel de corresponsable de las decisiones del mismo.

«El Partido no está exento de sostener propuestas y opiniones sobre el gobierno», aunque también debe ser «corresponsable, solidario y prestarle apoyo público», dice al final de su análisis Genoino.

De ninguna de las dos últimas tentaciones estamos a salvo de que acontezcan con la lustrosa manzana del poder delante nuestro, ni en nuestro pequeño Uruguay ni en el vecino gigante del norte. Es más, Lula ya ha debido sortear algún enfrentamiento desde sectores del propio PT, no sólo a la hora de establecer alianzas para gobernar y designaciones de ministros, sino luego de asumido el mando, en momentos de implementar decisiones estratégicas como la Reforma de la Seguridad Social.

En nuestro país urge el debate en filas de la izquierda acerca de qué papel va/n a jugar la/s fuerza/s política/s (la coalición -movimiento) que sintetizó la acumulación de décadas de lucha del movimiento popular, y cuál va a ser el relacionamiento con «su» gobierno para llevar a la práctica con un mínimo de tensiones el programa de cambios.

La experiencia del relacionamiento entre el gobierno departamental de Montevideo y los estamentos del Frente Amplio no son los mejores ejemplos como para dejar este tema en un segundo plano, ante temas de urgencias sociales o productivas que necesariamente habrá que resolver.

Pues puede darse que por resolver lo urgente –y vaya si la emergencia social lo es– no se discuta lo necesario.

A la luz de estas reflexiones, no da para encarar una transición con tranquilidad interna, cuando el designado –único designado hasta el momento– ministro de Economía ha hecho anuncios relativos a temas clave para un futuro gobierno progresista que no coinciden necesariamente con los anuncios programáticos preelectorales ni con pronunciamientos populares, ni anteriores ni recientes.

En este sentido el anuncio de medidas para favorecer al sector exportador, futuras asociaciones de empresas públicas, prospecciones petroleras en nuestra plataforma, la concesión de bandas de celulares, el fideicomiso privado para las carteras de los bancos privados, su coincidencia con el Partido Nacional de aprobar una ley que reglamente la reforma sobre el agua para que continúen los actuales concesionarios y su anuncio a favor de la instalación de las plantas de celulosa son al menos discutibles para buena parte de votantes del futuro gobierno y ya han levantado resistencias en organizaciones que componen el importante y necesario «soporte social» del mismo.

Es más, muchos dirigentes sectoriales han expresado en ámbitos reservados –y no tanto– su malestar con varios de los planteos que extralimitarían la función de la futura cartera de Economía.

Otros han expresado que dichos planteos no están en comunión con el sabio consejo del general Seregni desde su lecho de muerte: «Lo económico supeditado a lo político».

La interrogante que se abre es no sólo el hasta cuándo, sino también cuáles serán las reglas y el campo donde se dirimirán estas y las venideras contiendas.

Mientras tanto, quienes deban asumir responsabilidades de gobierno, así como quienes permanezcan en las estructuras partidarias, debieran seguir meditando sobre las palabras del presidente del partido de Lula. *