El agua será para los uruguayos

El tema «del agua», con ser importante para el país todo, es, también, de mucha significación para evaluar al futuro gobierno, porque de la posición que adopte ya se podrá visualizar, entre otras cosas, a qué le dará prioridad.

O sea, más brutalmente expresado: de qué lado realmente estará, mas allá de lo declarativo.

Porque es un problema clave donde una vez más aparecen claramente separados los dos componentes inevitables de la tesis artiguista: oligarquía y pueblo.

La declaración emanada de la Mesa Política del FA, en su reunión del 22/11/04, lamentablemente «precocinada» por el órgano inorgánico de «los cabezas…», avalada «in totum», como de (mala) costumbre, por la mayoría «oficialista», imperante en el órgano de «conducción»(?), (más aun, ahora que «ganamo» y que hay que mostrar «unidá» para afuera), y aceptada sin reparos por la delegación de bases, afiliada a esa misma tesis, merece comentarios.

1-Comienza bien, refiriéndose al «nítido pronunciamiento» del pueblo respecto a que «son derechos humanos fundamentales el acceso al agua y saneamiento» y como tal los servicios respectivos «serán prestados EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE (quiere decir sin la intervención de intermediarios privados, por si no se entendiera), por personas jurídicas estatales«.

2-Sigue bien, cuando se refiere al apresuramiento interesado de este gobierno privatizador y «vende-tutti», sin buscar otra cosa que un bien retribuido retiro de sus socios privatistas, mucho más conveniente «para la pareja», que si quedara en manos del próximo gobierno.

3-Continúa mejor, cuando se opone a considerar un proyecto de ley «interpretativa» del P. Nacional, aunque el motivo esencial no debiera ser, a nuestro juicio, el poco tiempo que falta para asumir el nuevo gobierno, ya que jurídicamente continúa con potestades para hacerlo, sino la innecesariedad de interpretar lo que está a todas luces muy claro, y sobre todo, el peligro apreciable en ese texto, de que, por la vía de una falaz interpretación, se le haga decir cosas que no dice, trampeando el espíritu muy claro enunciado sintéticamente en el párrafo 1.

4- La cosa se empieza a complicar cuando en el segundo numeral de la resolución se encomienda la solicitud de un dictamen jurídico a la Universidad (Fac. de Derecho) sobre los alcances de la reforma.

¿En qué quedamos?

-Si la cosa está tan clara como se expone en el fundamento 1. Y si además se entiende claramente que se trata de un problema político y no jurídico; y si además está claro que se intenta establecer por ley «interpretativa» (?), una decisión absolutamente contraria y violatoria de lo esencial del espíritu que motivó la Reforma Constitucional recientemente aprobada «por muerte», y que la contraría en forma especial y groseramente, defendida esta tesis con argumentos «de una liviandad sorprendente» (Cro Dr Korzeniak. Informe brindado a la Mesa Política; repartido).

Y si además se tiene en cuenta la inferioridad de rango de la «ley interpretativa» respecto de la Carta Magna; y si además se tiene en cuenta que estamos ante un caso claro de norma de orden público, que afecta el interés social, por lo que mal se le podría prohibir el efecto retroactivo, que significaría que una vez adjudicada a un privado, por la llamada intangibilidad de los contratos, nadie más podría cambiar esa decisión, lo cual resulta inimaginable; y si además se tiene en cuenta que se estableció expresamente que no corresponde hablar de indemnizaciones (por lucro cesante) sino tan sólo de reembolso del valor actual de las inversiones (valor original menos amortizaciones incurridas), por bienes que pasan al dominio del Estado; entonces, ¿para qué esta solicitud del informe jurídico a posteriori de los hechos consumados el 31 de octubre, si no se efectuó, como indicaría la lógica, oportunamente, a priori, para explicárselo a la gente, antes de tomar la decisión en la urna? ¿Por qué incurrir en el peligro de tal solicitud que, aparentemente nos podría atar a ella? Ya que pueden salir dos, y solo dos respuestas a la consulta.

Que las adjudicaciones a los privados caen, o que no caen.

Si fuera que caen, no habría problema. Pues irían en el sentido de la decisión política soberana

Pero si, por esas cosas raras de la vida, se dijera que no caen, ¿estaríamos, por motivos estrictamente de seguimiento de una opinión jurídica, predispuestos a desobedecer «el nítido pronunciamiento» ciudadano?

¿Para qué ese «atajo»? ¿Para no molestar a los «madrileños» de Uragua, y a los «organismos financieros internacionales», que le dicen, o a Astori….?

Yo creía que la etapa electoral, de hacer «buena letra» con el poder, para obtener su bendición, se había acabado…

Y más me preocupo, cuando veo la decisión de la M/P , tomada por vía separada, de retirarse de la Comisión «del agua», con un apresuramiento llamativo, en momentos en que se requiere, sin ninguna duda, continuar el seguimiento de los resultados obtenidos en la cancha, para no correr el riesgo de perderlos en la liga.

Si bien el objetivo primario de la Comisión caducó el 30/10, ahora se hace necesaria la presencia en el seguimiento que sin sudas se debe hacer.

Porque de no aclararse esto suficientemente, puede parecer, (y parece), que el seguir perteneciendo a «la Comisión», se transforma en un «fierro caliente», «ahora que somos gobierno»….. Una vez más estamos ante la disyuntiva artiguista de siempre, de todo gobierno: estar con la oligarquía, o con el Pueblo.

No nos equivoquemos, desde el pique, por favor… La gente nos está mirando a los ojos. *