La lucha por verdad y justicia en Chile

No hubo una explosión de dolor en las calles. La verdadera explosión corrió por vías subterráneas. Porque el impacto del Informe sobre Prisión Política y Tortura, entregado al país en la noche del domingo por el presidente Ricardo Lagos, fue feroz. De un golpe, lo que se había querido ignorar durante 31 años brotó como una bofetada en el medio de la plaza pública dejando a jueces, militares, periodistas y políticos comprometidos con la dictadura sin capacidad de respuesta por tantos años de silencio y complicidad». De este modo resumía la calificada corresponsal chilena de Clarín, Mónica González, la trascendental instancia que atraviesa la lucha por la verdad y la justicia en Chile.

Las palabras posteriores del presidente Lagos, poniendo en conocimiento del país el contenido del Informe, deben ser vistas a la luz del significado tremendo de esta investigación, de este trabajo titánico de reconstrucción de la verdad y de la memoria.

Esta investigación realizada y publicada en Chile, clara y explícita, tan diferente a la prosa elusiva y aguachenta que se realizó en otros lugares, marca un nuevo jalón.

Se trata del fin de la hipocresía, del conocimiento doloroso pero imprescindible de los tramos más celosamente ocultados de la verdad histórica de ese pueblo.

Son avances significativos de la lucha de una nación y un movimiento popular cuyos destinos históricos tienen analogías importantes con lo sucedido entre nosotros, y se enfrentan al mismo tipo de problemas.

Hay, no obstante, diferencias fundamentales entre un proceso y otro. En los últimos años, especialmente después de la detención de Pinochet en Londres y la apertura a escala internacional de un debate jurídico y teórico acerca de la vigencia o no de las demandas del Juez Baltasar Garzón, los avances en Chile se han sucedido de manera continua y ascendente.

Se sabe más y hay más sed de saber.

Se desmoraliza más a la dictadura y hay más necesidad de reunir la información que demuestra su esencial inhumanidad, su condición monstruosa.

Se investiga más y surgen nuevas impugnaciones. El juez Guzmán Tapia tiene en sus manos el juicio sobre las responsabilidades de Pinochet en la realización del Plan Cóndor, el mismo en cuyas garras condujo al asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y el viejo tirano se escuda cobardemente fingiendo locura.

La Justicia de Chile, sobre la que ahora caen también las brasas encendidas del informe sobre Prisión Política y Tortura, acaba de adoptar, a través de la Sala Penal de la Suprema Corte, una resolución de enorme importancia, que se suma a pronunciamientos de contenido similar realizados por las autoridades judiciales en Argentina.

Nos referimos a un aspecto que también se ha debatido –y se debate, tanto en el campo judicial como en el político– en nuestro país.

Se trata de una resolución trascendental, que marcará todos los juicios por crímenes de la dictadura, según da cuenta Jorge Escalante de La Nación: «la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió por 5 a 0 a través del proceso por el desaparecido Miguel Angel Sandoval Rodríguez, que la amnistía no es aplicable al delito de secuestro. El fallo afirmó que la ley internacional limita la soberanía del Estado y está por sobre la Constitución».

Los magistrados que adoptaron este criterio usaron en sus argumentaciones las Convenciones de Ginebra y de Desaparición Forzada de Personas.

Además, el texto –que abunda en fundamentos legales y principios de Derecho– estableció que no es posible tipificar el delito de secuestro a homicidio, «como aconteció con otras personas detenidas en similares circunstancias y que sus cuerpos fueron hallados», puesto que «es fundamento de todo juicio penal la acreditación de la existencia del hecho punible y su comprobación por los medios que la ley admite».

Casos con esta estructura fáctica y argumental están también siendo examinados por las autoridades judiciales uruguayas. Los pasos dados en Chile muestran un camino bien distinto por cierto al transitado hasta ahora en Uruguay. *