El discurso político y las realidades ambientales

La década del 90 trajo al escenario político uruguayo la incorporación del tema ambiental a los programas de los partidos, así como la adopción de medidas legislativas y administrativas al respecto. Tendencia que se había desarrollado en EEUU y Europa occidental, en décadas anteriores, por la acción de grupos ecologistas. Urgidos no por el ansia del imposible retorno a una naturaleza prístina sino por el de conservar lo poco, contaminado, que de ella quedaba. A lo que se añadieron las emociones despertadas por la visión de la Tierra desde el espacio exterior. «Ese hermoso y cálido objeto viviente parecía tan frágil, tan delicado que si lo tocabas con un dedo se desmoronaría por complemento y saltaría en pedazos», decía un cosmonauta estadounidense. Y, otro, soviético, observó: «Cuando una nube anaranjada se formó a causa de una tormenta de arena sobre el Sahara, llegó a las Filipinas y se asentó allí, arrastrada por la lluvia, comprendí que todos navegábamos en el mismo barco». Ante la perspectiva de su destrucción, pareció viable que una porción escogida de la humanidad pasara a habitar colonias espaciales. Cuando el proyecto fracasó, no quedó otra alternativa, para conservar la vida humana, que conservar la del planeta que la hacía posible. Siempre, por supuesto, que no afectara el crecimiento económico ilimitado, registrado en el aumento constante del PBI. La Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, 1992, megashow que contó con la presencia de jefes de Estado y funcionarios de gobierno de 179 países, más allá de los discursos, intentó dar pautas para la concreción del sueño del desarrollo sustentable, en el que las urgencias de la economía buscan conciliarse con las de la supervivencia del ambiente. A esta Cumbre, le sucedieron otras múltiples y multitudinarias conferencias, dentro y fuera del ámbito de ONU, a las que no dejaron de concurrir delegados de todo el mundo; en aviones cuyas emisiones contaminantes contribuían a incrementar los gases de efecto invernadero. La conferencia de Johannesburgo, Río10, en 2002, con representaciones de unos 170 países, se diluyó con vaguedades. Lo que llevó a Kofi Annan, secretario de ONU, a decir: «Obviamente esto no es Río» En tanto, Klaus Topfer, director ejecutivo del programa sobre ambiente, de la misma organización, con anterioridad, había dicho: «hay cientos de declaraciones y tratados relativos a programas ambientales», pero subrayó que faltaba el coraje político y el financiamiento innovador para implementarlos. La actual tendencia, en los países poderosos, es la de abandonar la retórica y asegurarse el control de los escasos recursos naturales aún disponibles. Si bien, como lo destacó el presidente Bill Clinton, en 1997, citando al conservacionista John Muir, «Cuando tratamos de considerar algo en forma individual, nos percatamos de que está unido a todas las demás partes del universo». En Uruguay, nuestra vulnerabilidad de pequeño país debería agrandar nuestra responsabilidad por su cuidado. Esta percepción, aunque difusa, existe: sobre todo, en la población más pobre, expuesta en forma directa a los efectos de la degradación del ambiente. Las buenas intenciones políticas se plasmaron, en los 90, en leyes como la de creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con cometidos genéricos respecto a planes nacionales de protección ambiental. Y la de Evaluación del Impacto Ambiental, que declaró de interés general esa protección y otorgó un instrumento para hacerla efectiva. Amén de la ratificación de tratados y la aprobación de leyes sobre temas como biodiversidad, clima, suelos, aguas y energía. Esta última, elemento vital para el funcionamiento de cualquier sociedad, tuvo, respecto, a la de origen nuclear, un debate popular y parlamentario, extenso y apasionado. Cuyo resultado fue la no aprobación de un tratado marco con Canadá que, eventualmente, abriría las puertas a la compra de un reactor Candu para producir energía eléctrica, parte de la cual sería vendida por Uruguay a otros países del Mercosur. El dilema del destino de los desechos radiactivos provenientes de uso médicos e industriales no fue discutido en el Parlamento; pero hasta él llegaron las protestas de pobladores de la Costa de Oro, que se oponían a que fueran depositados en la zona. Si bien se ignora lo ocurrido con sustancias radiactivas llegadas hace más de 50 años al país, y poco se sabe de la situación en el interior. De no menor importancia para el futuro de nuestra población fue la resolución tomada de permitir el cultivo de transgénicos: soya RR y maíz Bt. Favorecida por la apatía y desinformación reinantes. Esta tecnología manipuladora de genes se apoya en monocultivos que requieren, masivamente, agroquímicos, contaminantes de suelos y agua. Esta, cuya disponibilidad se busca proteger mediante el proyecto de reforma constitucional requiere, además, ser preservada en su calidad. En Europa, la de lluvia, verdadero cóctel de venenos químicos, está dejando de ser apta para consumo humano. Por otra parte, la contaminación atmosférica, uno de los componentes del cambio climático, tiene su impacto en el sistema de producción de alimentos y de transporte, entre otros, basados en combustibles fósiles. Esto no implica sólo a los políticos sino, también, a los economistas y consumidores. Ciudadanos del mundo global del consumo, que comparten la visión de un tipo de sociedad única, incompatible con la fragilidad del planeta en que se asienta. El paradigma de la venidera ni siquiera lo vislumbran. *