Insolente complot contra el cambio

Ante las inequívocas evidencias de que la mayoría del pueblo uruguayo ha resuelto sellar en las urnas el fin de la política económica que ha liderado Jorge Batlle con al apoyo incondicional de toda la dirigencia partidaria que postula las candidaturas de Stirling y Larrañaga, se ha desatado una feroz campaña para que el cambio estructural del país no se concrete. Y en la tarea de lograr ese propósito no escatiman en apelar a los recursos más bajos –esos que sólo pueden urdir mentes extraviadas– que han perdido totalmente la brújula de la razonabilidad.

Los odios patológicos y las diatribas –producto de preocupantes desórdenes emocionales– contra ciudadanos que cuentan con el apoyo de la mitad del cuerpo electoral, mediante alegatos donde la cínica falsificación de la verdad se sacude con inmoral estridencia, ponen al desnudo una total falta de respeto por la inteligencia de la gente que –como decía Herrera– anda y arde en la calle. Porque cuando la nación es agredida por una crisis que ha llevado a un millón de compatriotas a vivir sin colmar sus necesidades básicas, comporta un tremendo signo de mala fe que en lugar de pedirles perdón por los errores, omisiones y desaciertos cometidos, se arroguen el papel de fiscales de reputaciones ajenas.

Adviértase que mientras viven predicando los grandes atributos, no pueden admitir que la primera fuerza política de este Uruguay –estafado y expropiado por la oligarquía feudal que protegen– le firme la sentencia de desalojo por mandato de las urnas. O por decirlo de otra manera, el concepto republicano de quienes viven invocando a José Batlle y Ordóñez y Aparicio Saravia, es defendible o tiene validez si los protagonistas del vergonzoso contubernio electoral de 1999 perpetúan la titularidad dominial del Poder Ejecutivo. Por otra parte, con un cinismo que rebasa todos los límites de la ética, levantan las banderas de la tolerancia, pero no cesan de calumniar, difamar y mentir permanentemente, utilizando machaconamente una estrategia de intrigas, con la complicidad de los conocidos y obsecuentes medios de difusión, que no conciben una patria celosa de su soberanía, en la que se privilegie la justicia social.

El fuerte apoyo popular que viene recibiendo el espacio ideológico que encabeza el senador José Mujica ha desencadenado la iracundia desenfrenada de la agonizante colectividad colorada, que no vaciló en pisotear las instituciones democráticas y promover las tenebrosas dictaduras que nos enlutaron el 31/3/1933 y 27/6/1973. Porque al margen de que el citado legislador, como Eleuterio Fernández Huidobro o Lucía Topolansky, fueron sancionados con severísimas penas, sus conductas han sido juzgadas por la historia, por lo que es inaceptable que 35 años después se pretenda recrear enfrentamientos perimidos, cuando el país se desangra por la extrema pobreza, la desocupación, la emigración, la inseguridad ciudadana, la prostitución infantil, la corrupción, el endeudamiento, el gran contrabando, la evasión tributaria y la falta de controles en áreas fundamentales como la financiera.

Lo incongruente y contradictorio es que quienes luego de aprobar la ley de caducidad, han pregonado incesantemente la reconciliación nacional, para justificar el obstruccionismo a toda indagatoria por las responsabilidades de quienes en nombre del Estado cometieron crímenes, secuestros, torturas y violaciones, desempolven los fantasmas de este deplorable proceso con fines proselitistas.

Felizmente la gente está ampliamente informada sobre aquella época de dura y dolorosa confrontación, que como es obvio forma parte de un pasado del que deben rescatarse las lecciones, para que nunca más se repita.

La gente –como no podía ser de otra manera– exige soluciones para que el millón de compatriotas desocupados o con empleos precarios accedan a un trabajo digno y estable, y que la pobreza que atrapa al 56 por ciento de los niños, sea encarada rápidamente con un plan de emergencia que evite la mendicidad infantil. De manera que quienes formaron parte del gobierno de coalición –hoy representado por el eje continuista de Stirling-Larrañaga– en lugar de ocuparse puntillosamente de lo que hace o propone la columna que lidera el doctor Tabaré Vázquez, deben explicar por qué los salarios y las jubilaciones en los últimos cinco años han perdido un 31 por ciento de su poder adquisitivo, mientras no menos de 140 personas abandonan diariamente el suelo patrio en busca de horizontes laborales.

Sanguinetti, Batlle, Lacalle y sus actuales discípulos, deberían decirle al pueblo cómo es posible que en un país con 17 millones de hectáreas productivas –aptas para alimentar a diez millones de personas– el hambre azote a cien mil indigentes; o que 56 grandes propietarios ocupen la misma superficie que treinta y cuatro mil productores. O desde otro ángulo, cómo han permitido que de cada mil niños que nacen, trece mueran por desnutrición, mientras que se han desafiliado del sector mutual de la salud más de doscientas mil personas por no poder pagar la cuota.

En síntesis, estas son algunas de las respuestas que siguen pendientes por parte de estos señores, que con un obstinado silencio confían en que se repita el engaño electoral operado en los comicios de 1999, diciéndole a la gente que la ropa sucia se limpia almidonándola. *