Los países latinoamericanos revisan las AFAP

En setiembre de 2002, el gobierno de Argentina, por decreto, instaura una Comisión Especial para la Reforma del Régimen Previsional, encabezada por Alfredo Conte-Grand, ex especialista principal de OIT y ahora secretario de Seguridad Social del vecino país para que, mediante el diálogo social, se pueda reformar el sistema de AFJP, las AFAP argentinas, partiendo del diagnóstico de que «la gravedad de la situación en materia previsional es de tal magnitud que no permite esperar para abordar soluciones». En la actualidad, se continúa en ese proceso de revisión, luego de la publicación en mayo de 2003 del Libro Blanco que resume los consensos y disensos alcanzados.

En diciembre 2002 el Parlamento de Venezuela, en el nuevo gobierno de Chávez, derogó la «ley Caldera» de 1997, que había implantado un sistema con AFAP, como el uruguayo, aprobando una Ley Marco de Seguridad Social, donde de acuerdo con la Constitución Bolivariana, en particular su artículo 86, se diseña un sistema público, solidario, universal. Se está en la instrumentación de las leyes respectivas de cada uno de los cinco regímenes en que se organiza el sistema, luego de superado el impasse generado por el reciente referéndum, que culminara con el triunfo de Chávez.

En Ecuador, la reforma aprobada iba a empezar a regir: primero en 2003, luego en 2004, pero sigue suspendida. Es imposible: la reforma no puede llevarse a la práctica.

Recientemente, en Nicaragua, en el pasado mes de julio, se resolvió suspender la puesta en marcha de una ley de seguridad social con AFAP.

Los organismos financieros internacionales que la habían impulsado, como el Banco Mundial, el FMI y el BID, dicen ahora que aplicarla provocaría un «enorme caos financiero». Estas afirmaciones se produjeron el martes 13 de julio en la sede del Banco Mundial en Managua, convocados por el ministro de Hacienda. La Central Sandinista de Trabajadores había presentado varios recursos de inconstitucionalidad. El Presidente creó una comisión interinstitucional que estudiará el tema.

En varios países de Europa central y oriental, la otra región del mundo junto a América Latina donde también se han impuesto estos regímenes tipo AFAP, también han derogado o están revisándolos, por cambios políticos, por acciones sociales, para poder cumplir con los requisitos para ingresar a la Unión Europea como muchos lo hicieron el pasado 1º. de mayo. Recordemos que AFAP hay sólo en 15 países del mundo y como vimos hasta en las Olimpíadas, en el mundo hay más de 200 países.

No hay AFAP en EEUU, ni en Japón, ni en Alemania, Italia, España, Francia, Canadá, ni… ni… ni….

Soplan vientos de cambio. Y estos regímenes no son irreversibles como algunos nos siguen queriendo hacer creer.

El 52% de los uruguayos quiere derogar las AFAP.

El 16 de julio del 99, la desaparecida revista Posdata publicaba un reportaje a Juan Carlos Doyenart, director de la encuestadora Interconsult, donde afirmaba que «sólo la cuarta parte de la población entiende que el nuevo sistema previsional es mejor que el anterior, contra el 41 % que cree que es peor y una quinta parte que no encuentra diferencias entre ambos sistemas».

Por otra parte, destacaba que en caso de haber un plebiscito en 1999, el 40 % tenía decisión de votar por la derogación de las AFAP, mientras que sólo una cuarta parte las apoyaría.

Doyenart destacaba que «entre las principales razones para derogar el sistema se mencionan que no está de acuerdo con las AFAP; que el sistema es una estafa que favorece a las empresas privadas; la inseguridad que el mismo genera no sabiéndose dónde va el dinero de los afiliados, que el sistema no funciona; que debería ser totalmente estatal y que no conviene a los trabajadores».

Recientemente, en nota publicada en Ultimas Noticias, el pasado 27 de agosto, el mismo Doyenart, con su firma, informa que ahora el 52% de los uruguayos/as quiere derogar las AFAP y que sólo el 34% está de acuerdo con ellas.

El descontento de la población con las AFAP aumentó en estos cinco años pese a los millones de dólares gastados en campaña publicitaria, al engaño, el silencio, la complacencia y la complicidad de muchos.

¡Ah! y por las dudas: la misma encuesta indica que el 57% de los uruguayos es favorable al impuesto a la renta de las personas físicas. Sólo un 36% está en contra. *