Acerca del corporativismo y la ciencia política

A partir de afirmaciones de la Ec. Fanny Trilesinsky, asesora del candidato colorado Guillermo Stirling, estableciendo su preocupación por el auge de la acción corporativa y el consecuente debilitamiento de los partidos políticos, la periodista Sonia Breccia inició en su programa Primera Voz de AM Libre, un debate sobre el papel de las corporaciones en la sociedad uruguaya. (4/10).

Entre otros entrevistados, tuvimos ocasión de escuchar al Msc (Master en ciencia política) Adolfo Garcés, discurrir en la misma línea de pensamiento de la economista Trilesinsky, destacando además que el papel de las corporaciones es de larga data, y no exclusivo además del Uruguay. Según esta línea de pensamiento, los sindicatos obreros son corporaciones, al igual que las cámaras empresariales, y todos presionan por igual defendiendo sus intereses corporativos, «legítimos» nos aclara Garcés, ante un poder político que debe conciliar esos intereses sectoriales con cierto «supremo» interés nacional.

He aquí que, dos siglos y pico después que las revoluciones burguesas europeas barrieran con las estructuras feudales, entre ellas las corporaciones, y dieran nacimiento a los partidos políticos, a formas nuevas de organización social, de estructuras de gobierno, a través de todas las cuales pasaron a expresarse los intereses de las clases sociales, sus contradicciones, sus «relaciones» en el proceso de la producción social, la materialización de su dominio en la esfera del Estado o la lucha por el mismo, dos siglos y pico después, repito, parece que hemos vuelto al viejísimo conflicto entre las corporaciones y el poder monárquico, entre la burguesía en el llano y la aristocracia terrateniente en el poder.

Sistema social, clases sociales, sociedad civil, partidos políticos, estado.

Parece bastante claro que Carlos Marx no figura en los planes de estudio de nuestras ciencias sociales. Si no fuera por la importancia que en la formación de un pensamiento nacional, crítico, tienen los sociólogos y politólogos, uno tendría la tentación de decir «ellos se lo pierden».

Por cierto no fue Marx quien inventó las clases sociales (tampoco, dicho sea de paso, el demonio creador de la perversa lucha entre ellas).

En todo caso, precisó mejor ese concepto. Destacó que en la producción social de su existencia los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; que estas relaciones de producción engendran las clases sociales y sus contradicciones; que en épocas anteriores al capitalismo las gradaciones sociales, los estamentos corporativos, eran múltiples y diversos; que el modo de producción capitalista simplificó esa gama de estamentos sociales y de múltiples contradicciones, y generó una contradicción esencial, la de la clase poseedora del capital y de los medios de producción por un lado, y la clase de los que poseen su fuerza de trabajo y la alquilan diariamente a cambio de un salario, por el otro.

Los procesos actuales de producción, en el mundo globalizado, son mucho más complejos, la división del trabajo infinitamente más variada, y las clases sociales reflejan esa complejidad y esa variedad. Pero, más allá de ella, sigue incuestionablemente vigente (el mundo desquiciado es prueba de ello) un modo de producción que se basa en la apropiación por los poseedores del capital y de los medios de producción, de circulación y de cambio, de la plus-valía generada en los procesos productivos por el trabajo asalariado, por el trabajo físico y por el trabajo intelectual. Es la esencia del capitalismo, no estoy haciendo en ello ningún juicio de valor. Y por lo que sabemos, nuestro país, pobre, subdesarrollado y dependiente, se rige en su economía y en sus relaciones sociales por ese modo de producción.

Parece entonces obvio que habría que empezar por ahí si se quiere seriamente analizar el papel de «las corporaciones» en relación al sistema político y el Estado.

Vale entonces una primera pregunta: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de «corporaciones»? Para evitar malentendidos de tipo epistemológico, que generan reflexiones como las que inician esta nota, correspondería más bien hablar de organizaciones sociales, es decir, de las formas organizadas, u organizativas, de la sociedad civil. Porque de eso se trata, y sorprende que desde la ciencia política no se hable de ello, de la relación entre la sociedad civil y las estructuras políticas del Estado.

En efecto, ¿qué es la sociedad civil, o más bien, cómo se objetiviza, si no es a través de sus estructuras organizadas, las que Trilesinsky y Garcés llaman «corporaciones»?

¿Y qué ocurre en el seno de la sociedad civil con las clases sociales y sus conflictos?

Federico Engels definió primariamente a la sociedad civil como «el terreno en que se desenvuelve la lucha de clases». No creo que anduviera muy descaminado.

Muchos años después, y desde la soledad de la cárcel fascista, Antonio Gramsci, prototipo del «intelectual militante», aquel que es capaz de conjugar el pensamiento profundo con la acción política, abordó el estudio de la sociedad civil en una etapa más avanzada, señalando de qué manera el Estado moderno incluía la sociedad civil.

Precisamente es el liberalismo, económico y político, al adjudicar al Estado el rol de «guardián de las leyes» (el «estado gendarme» de la doctrina liberal del siglo XVIII), quien deposita en la sociedad civil la dirección del desarrollo histórico. Dice Gramsci: «… No se insiste en el hecho de que en esta forma de régimen (se refiere a la definición del estado gendarme, es decir un Estado cuyas funciones se limitan a la tutela del orden público y del respeto a la ley), la dirección del desarrollo histórico pertenece a las fuerzas privadas, a la sociedad civil, que también es «Estado», o, mejor dicho, es el Estado.» (El subrayado es mío). «En este sentido, dice Gramsci más adelante, se podría decir que el Estado es igual a la sociedad política más la sociedad civil, es decir, la hegemonía reforzada por la coerción.» (El subrayado es mío).

En tanto Fanny Trilesinsky representa el pensamiento económico liberal, el que defiende Stirling, el P. Colorado, y buena parte del P. Nacional, el que ha defendido y procurado por décadas el desmantelamiento del Estado, su retirada de la economía, el «libre juego del mercado», no se entiende mucho que no entienda, y vale la redundancia, que sea en la sociedad civil, en sus estructuras organizadas, donde se desarrolla la historia, donde las clases sociales desarrollan sus conflictos, donde se ejerce la hegemonía de las clases dominantes, donde se construye el pensamiento «contra-hegemónico» de las clases desposeídas. Al fin ese modo de funcionamiento de la sociedad debiera ser el «desideratum» para el liberal, político y económico.

Pero que Garcés no repare en ello sorprende, y mucho, porque se me ocurre, no sé, pero se me ocurre, que su pensamiento no transcurre por esos carriles.

Para terminar vaya otra inquietud, que traslado a la ciencia política: en tanto para el pensamiento de izquierda el rol coercitivo del Estado incluye la regulación del mercado, el desarrollo de formas sociales de gestión para muchos de los roles históricamente asignados a las estructuras burocráticas de administración, la descentralización, la planificación para el desarrollo, esto es, una imbricación de esa suma gramsciana de la sociedad política y la sociedad civil que componen el Estado, ¿no cabe pensar en un Estado de nuevo tipo, en el cual el curso del desarrollo histórico se desenvuelva con ambos vectores, el político y el social, en direcciones que s
urjan de la democratización profunda de la sociedad?

A lo mejor vale la pena pensar en ello. *