De confesiones y desbordes militares
La tradición burocrática hispánica, reglamentarista, meticulosa, a la que sumaron luego diversas influencias desde el paternalismo al autoritarismo más abarcativo de la dictadura, han hecho del Estado uruguayo una realidad omnipresente, difícil de soslayar para los desvalidos seres humanos que pueblan estos terruños.
Si usted decide, pongamos por caso, que sus restos mortales sean cremados, tiene que pedir una autorización expresa del Estado acerca de qué destino le darán sus familiares a las cenizas. Nadie sueñe con zafar a estas normas y terminar volando libremente entre los cerros o en la corriente transparente de un arroyo. Sin autorización, nada.
Hay una zona, sin embargo, del Estado, que parece ajena a las leyes, normas y convenciones que regulan el resto de la sociedad. Un estamento que desarrolla su actividad al margen de las normas vigentes y al margen de las decisiones de las autoridades nacionales elegidas democráticamente. Nos referimos al Ejército.
Sus modales son burocráticos y reglamentaristas, sí. Pero a su modo. De acuerdo a sus propias doctrinas específicas, no siempre coincidentes con la doctrina (de liberalismo político y democrático) que caracteriza la Constitución de la República.
Según informa La República del día 13, la Comisión Directiva del Centro Militar acaba de decidir la expulsión del Centro de un oficial superior, el general Oscar Pereira, a partir de la publicación de un libro de dicho militar donde se establecen juicios críticos sobre la conducción de los mandos militares y de la actuación de los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.
Las apreciaciones del Gral. Pereira son indudablemente valoraciones de tipo político.
¿Tenía derecho a hacerlas? ¿Estaba legalmente habilitado para escribir un libro de memorias que incluyera valoraciones políticas?
Obviamente que sí lo estaba, ya que Pereira esperó los años exigidos por las normas vigentes para que un oficial retirado pueda hacer uso pleno de sus derechos políticos, de esos derechos políticos que le están vedados mientras es un militar en actividad. Inhibición que, además, subsiste los años siguientes a la salida del servicio activo.
Paradójicamente, son las autoridades del Centro Militar, integrado, entre otros, por militares en plena actividad, con mando de tropa, quienes adoptan la decisión de expulsarlo de un «centro social» que está dotado de una personería jurídica muy especial.
Al estar integrado por oficiales en actividad, junto con otros en situación de retiro efectivo, este Centro está dotado de una enorme gravitación en numerosos terrenos de la problemática militar. Asuntos técnico profesionales, reglamentarios, escalafonarios, presupuestales y, por lo que se evidencia ahora, gravitación en asuntos editoriales y de ejercicio de la censura.
Como surge de esta somera descripción, el Centro Militar es una forma particular de sindicato, un sindicato poderoso más que un centro social y familiar como a menudo se lo presenta. Un sindicado que actúa sin huelgas ni manifestaciones, ni huelgas de hambre ni reivindicaciones públicas. Todo lo que los sindicatos hacen de manera clara, pública y transparente, el Centro Militar lo realiza mediante presiones, entrevistas e insinuaciones hostiles.
El asunto tiene además otras aristas. La expulsión de un socio del Centro Militar puede ser causal de la instalación de un Tribunal de Honor por parte de las autoridades de las Fuerzas Armadas.
Ese Tribunal de Honor está facultado, de acuerdo a la normativa que lo regula, a intervenir en una cantidad de situaciones e incluso ejercer el derecho de privar al militar de la tercera parte de su «haber de retiro», es decir de la tercera parte de su jubilación.
De hecho, el Centro Militar actúa como un Estado dentro del Estado. No lo alcanza la Constitución ni las leyes de la República. No sólo son intocables por fiscales, jueces o tribunales. Sobre ellos no se puede hablar, no se puede escribir, no se pueden hacer confesiones ni escribir memorias.
Esos oficiales no son nada tolerantes con sus críticos.
Pero ¡qué tolerantes con ellos son los políticos del gobierno!
¡Qué tolerantes con el desborde militar son nuestras autoridades! *
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