La peor cara del capitalismo

En el Consenso de Washington de 1989 se plantearon 10 instrumentos de política para llevar adelante el objetivo de un sistema capitalista mundial basado en la «libertad del mercado» para operar, donde predominaran los más «aptos», en una especie de «darwinismo social», donde la vida se concibe gobernada por las leyes de la competencia y del conflicto, llevando a una selección natural de la supervivencia del más apto y a la eliminación del más débil.

El denominado «consenso», en realidad, fue un documento adoptado a partir de una reunión realizada en Washington en 1989 entre académicos y economistas norteamericanos, funcionarios de gobierno de ese país y funcionarios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No fue un consenso de la «comunidad internacional» en un debate amplio sobre las necesidades y las opciones del mundo hacia el siglo XXI.

Los diez puntos del Consenso: 1) establecer una disciplina fiscal; 2) priorizar el gasto público en educación y salud; 3) llevar a cabo una reforma tributaria; 4) establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado; 5) lograr tipos de cambio competitivos; 6) desarrollar políticas comerciales liberales; 7) una mayor apertura a la inversión extranjera; 8) privatizar las empresas públicas; 9) llevar a cabo una profunda desregulación; y 10) garantizar la protección de la propiedad privada.

Se confiaba que con el Consenso y como consecuencia de la globalización, iban a aumentar las tasas de crecimiento económico y que disminuirían significativamente la pobreza y la inseguridad. Que el flujo de capital y el crecimiento de las exportaciones promoverían el desarrollo de sectores con un uso intensivo de la mano de obra.

Eso no ocurrió. La disminución del índice de pobreza, cuando se produjo, en realidad fue reflejo de la disminución de la tasa de inflación acompañada por un breve crecimiento del PBI y no como una consecuencia redistributiva de la riqueza financiera y comercial. En muchos países aumentó el desempleo formal o el empleo informal, o ambos, como por ejemplo, en Argentina o en Uruguay.

El crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso intensivo de los recursos naturales y la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada creció. La inseguridad económica para los pobres y la clase media, vinculada a la inseguridad laboral y a la volatilidad de los ingresos, tendió también a crecer. En un documento titulado «La Larga Marcha», resultante de una reunión en Montevideo en 1997, sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe, se concluyó que era necesario emprender reformas adicionales.

Invertir en recursos humanos, promover o crear mercados financieros eficientes y sólidos, mejorar el entorno legal y normativo (en especial del mercado laboral y mejoramiento de las regulaciones que afectan la inversión privada en infraestructura y servicios sociales), mejoramiento de la calidad del sector público (incluyendo el sector judicial) y consolidación de la estabilidad macroeconómica a través del fortalecimiento fiscal. Esto implicaría importantes reformas institucionales.

No obstante, esto no ha ocurrido. El modelo establecido y aplicado a rajatabla por el gobierno uruguayo, fue otro ejemplo de su inviabilidad económica y social. No se tuvo en cuenta, fundamentalmente, las necesidades de la gente y dejó un capítulo entero, el de la cuestión social, a resolver en el marco de las posibilidades del mercado.

La caducidad de esas ideas han traído estos lodos, en donde muchos países se encuentran empantanados, en razón de políticas venidas de afuera y aceptadas por los gobernantes, sin la mayor discusión.

Gracias a ese cipayismo implícito, ni se mejoró la economía, ni funcionó el país y su gente comenzó a ingresar en la miseria, cuando no en el exilio económico.

Sin embargo hay muchos que todavía no le han extendido la carta de defunción a ese modelo inhumano y creen que allí está la panacea para superar las crisis del capitalismo.

Cuán equivocados están. *