La vista gorda

El teniente coronel Domingo Mercante, fiel funcionario y ejecutor de la política del general Juan Domingo Perón, en cierta oportunidad se apersonó al mandatario para comentarle sobre actos de corrupción que un connotado dirigente del partido de gobierno estaba cometiendo a vista y paciencia de autoridades, provocando la consternación y la ira social. El general, ducho en la respuesta, le manifestó: «Mirá, Mercante, los ingleses construyeron un imperio con hombres buenos y con piratas. Yo voy a hacer de la Argentina un imperio, con hombres buenos y con piratas».

Este episodio, proverbial en la persona de su protagonista, echa luz sobre aspectos de la llevada y traída cuestión de la honestidad y transparencia de los actos de gobierno. Más aun, ayuda a comprender las razones por las cuales la política es percibida por la sociedad como un fenómeno cada vez más ajeno y lejano de las expectativas y necesidades de la gente.

El fenómeno de la corrupción es artero y frecuentemente se oculta en el concepto de que el bien común será garantizado a pesar de ciertos deslices de los funcionarios. Para ello son útiles el disfrazamiento de la realidad en tecnicismos. Ningún funcionario permitirá que se cuestionen sus actos, antes bien proporcionará un sinfín de explicaciones técnicas cocinadas en el fuego del sacrosanto deber de salvar las instituciones, se llamen sistema bancario, país de servicio o simplemente alejar el cuco de la anarquía. El político venal o irresponsable incluso se distancia y para operar, se tecnifica. En la sociedad compleja, el político debe ser full-time y profesional y por lo tanto apela a un lenguaje técnico imposible de descifrar por el ciudadano común.

Esta distancia termina conformando una creencia cada vez más extendida acerca de la corrupción del conjunto de la clase política: la política se asocia al poder y éste a la corrupción. Esto termina por producir un cambio de 180º en la concepción del poder en la sociedad, un pasaje de su valoración positiva en los años 60 y 70, como herramienta de cambio y emancipación, a una perspectiva pesimista, como fenómeno de opacidad, transacción y corrupción. Lo cual también es favorecido por cierta visión antipolítica del liberalismo que predomina en el proceso de globalización.

Basta con repasar las demandas del ciudadano de a pie para encontrarse con que su eje de preocupaciones pasa por conseguir trabajo, salud, vivienda, educación para sus hijos y demás demandas de absoluto sentido común. Los gobernantes que patrocinan o toleran la corrupción hacen alarde de preocuparse por estos temas, para eso cuentan con «hombres buenos», pero a la hora de tomar las decisiones que realmente hacen a la concreción o frustración de estos objetivos, optan por los «piratas». No otra cosa fue el salvataje de bancos que fueron adjudicados entre gallos y medianoche u otros cuyos propietarios contaban –como se dice en la jerga policial– con profusos antecedentes de malversaciones pretéritas. Todo lo que la delincuencia llamada común, se apropió en los últimos quince años no llega ni cerca a empardar lo que un grupo de banqueros se llevó en un solo golpe de mano.

Pero está claro, quién puede negar que en esos y otros casos actuó la Justicia. Con algunas salvedades. Cuestiones aparentemente triviales ante las cuales se puede hacer la vista gorda pero que, por el contrario, hacen al sentido de la justicia que experimenta la ciudadanía. Por ejemplo, que los presos del Comcar y Libertad no gozan del consejo y patrocinio de avezados jurisconsultos. Ni son alojados en cárceles VIP, con celulares e infraestructura informática para que puedan continuar desarrollando sus negocios. Ni que el producto de sus fechorías lo reponemos todos los ciudadanos, vía impuestos, deuda externa o colapso de los servicios sociales. Ni que el orden jurídico carece de los instrumentos legales para condenar con severidad a los delincuentes de guante blanco porque con frecuencia ellos mismos o sus personeros han bloqueado las iniciativas en ese sentido.

Lo cual nos lleva a considerar el rol jugado por el Parlamento en tanto garante y representante de la voluntad de los ciudadanos. A nadie escapa que en todas las tiendas políticas hay parlamentarios de abnegada vocación de servicio. Pero tampoco somos ajenos a que en ese colectivo hay quienes se distancian de sus representados y hacen de su posición un privilegio y una propiedad. Dinástica en algunos casos. Se niegan comparecencias ante la Justicia y se barruntan embestidas bagualas.

Se pierde de vista el bien común y a menudo se olvida que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo. No importa ya si es constitucional o no acogerse a un subsidio. Lo que importa es que los ciudadanos hemos pagado mucho para mantener un sistema político que, coaliciones mediante, nos ha vetado el acceso al bienestar social.

Si más no fuera por una cuestión de pudor sería buena cosa hacer carne aquello de regocijo abajo y dignidad arriba. Y que el subsidio se pague con las generosas contribuciones que realizan los capitalistas de las campañas electorales. Que se le pregunte si no al senador Millor, autoexcuido hoy por carecer de dineros.

Hechos como estos referidos nos hacen reflexionar acerca de la necesidad de educar e instrumentar la participación ciudadana. En vísperas de un cambio que removerá muchos quistes del funcionamiento de la democracia es preciso recordar que Maquiavelo aseveraba que, desde una perspectiva del poder, para contentar a los ciudadanos y mantenerlos dominados, nada hay mejor que dejarles que ellos mismos se gobiernen, pues a la larga o a la corta reconocerán el magisterio del poderoso. Lo cual nos advierte que llegar al gobierno es apenas la primera escala para acceder a una verdadera justicia social, al poder ciudadano. Pero que sin un afinado concepto de la organización y participación ciudadana, un gobierno popular puede caer en el distanciamiento de sus bases, en un extrañamiento que puede hacer añorar a los políticos «profesionales». Y para ello es preciso no hacer la vista gorda. Terminar con el concepto de que si todos somos iguales, siempre hay algunos más iguales que otros.

Construir un socialismo dialógico, donde todos los participantes, sociedad, empresas, gobierno, nos relacionemos en un espíritu de igualdad en la diversidad, de personas que se relacionan con personas, todos dignos de respeto regidos por las mismas normas y ejercitando derechos de equilibrada justicia, es el imperativo de la hora.

Afinar la vista y no cederle la derecha a quienes argumentando ser paladines de la transparencia han vivido pasándonos gato por liebre, piratas por hombres buenos. *