Más acciones judiciales contra la impunidad

Las decisión del magistrado del Juzgado Penal de Primer Turno, Dr. Fernández, y la fiscal Mirta Guianze, constituyen un paso nuevo y trascendente en una larga y sinuosa lucha. De un modo u otro, la decisión judicial da lugar a lo solicitado por la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT en el sentido de imponer una medida cautelar apuntada a prohibir los trabajos y remociones de tierra en los terrenos del Batallón de Infantería Número 14 en Toledo ante la presunción atinente a la existencia de restos humanos. Esta resolución se suma a una medida similar adoptada con relación al Batallón 13.

El episodio judicial ha pasado relativamente desapercibido para los medios empeñados en el conjunto de dispositivos destinados a fomentar el olvido y la consolidación de la impunidad y sus efectos.

No obstante, la decisión judicial tiene además un enorme significado simbólico: muestra que para el poder político y sus aliados en la estrategia de la negación y la desmemoria, resulta cada vez más difícil seguir adelante con sus propósitos de extender la caducidad de la pretensión punitiva del Estado como un gigantesco e interminable elástico que puede brindar protección a cualquier acto delictivo cometido durante la dictadura o después, por civiles o por militares.

Desde el punto de vista de las actuaciones específicamente en el plano judicial, la resolución termina dando la razón al Juez Alejandro Recarey, que tuvo la lucidez y el coraje de poner en funcionamiento los mecanismos jurisdiccionales destinados a indagar y denunciar la existencia de cementerios clandestinos en los predios de determinadas unidades militares que, en los años setenta, fueron sede de encarcelamientos y torturas de miles de uruguayos y uruguayas que se enfrentaban al despotismo reinante.

No es ajena esta situación a los reflejos que en Uruguay tienen los hechos que se suceden en otras partes del mundo.

Especial significación tienen para nosotros las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Chile, que decidió anular el fuero que salvaguardaba ante la justicia al ex dictador Pinochet.

El desafuero del viejo tirano, que lo liga a las denuncias de la existencia de un Plan de Exterminio en el que participó directamente la dictadura uruguaya (el famoso Plan Cóndor) ha dado nueva actualidad y vigencia a las denuncias que se vienen formulando desde los años setenta sobre detenidos desaparecidos uruguayos en Argentina, situación también ligada al asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que los sucesivos gobiernos uruguayos se han negado a reconocer.

Consideraciones análogas se podrían hacer con relación a las decisiones de la Suprema Corte Justicia la Argentina, en el sentido de reafirmar el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En este marco es de esperar que se dé cumplimiento al fundamentado procedimiento planteado por el equipo de Antropólogos forenses de la Universidad de la República en lo relacionado con la situación en el Batallón 13.

Todo paso de la justicia ordinaria, toda acción del Poder Judicial en el ejercicio legítimo de su autonomía como poder del Estado, es un avance en el desbroce de la situación institucional y democrática que vive el país.

Desbroce institucional tanto más valioso y perentorio cuando nos hallamos en la etapa final de un ciclo y en los anuncios augurales de una nueva realidad política y una renovada vigencia de los valores de la justicia y la dignidad humana. *