¿El fin de las "cooperativas" usureras?

El Ministerio de Economía y Finanzas, la Justicia y en términos más amplios los Poderes del Estado suelen mirar para el costado cuando se trata de hincarle el diente a los usureros, ya que en este país ello requiere mucho estado de ánimo, valentía, sentido del deber. Y no existe nada de eso.

Desde hace muchos años un grupo de inescrupulosos prestamistas que actúan bajo la impecable forma jurídica de «cooperativas de ahorro y crédito», sumen en la desesperación a jubilados, pensionistas y trabajadores en serios apuros.

Esa forma jurídica de «cooperativa» es sólo una burda fachada que esconde la violación de las leyes 17.250, 17.569 y el artículo 52 de la Constitución de la República.

En pocas palabras, actúan por fuera del ordenamiento legal vigente y nadie las controla porque no se sabe cómo es que tienen la facultad de ordenar la retención de sueldos y pasividades.

El 28 de junio la Asociación Nacional de Afectados por Intereses de Usura presentó en el Ministerio de Economía y Finanzas una denuncia fundada contra diez falsas cooperativas de ahorro y crédito que estaban estafando a la población.

En la denuncia se probaba que las mencionadas cooperativas –de alguna forma hay que denominarlas– realizaban descuentos sobre ingresos nominales de entre el 20 y el 80 por ciento sobre sueldos y pasividades.

En dicho mes, y las cifras asustan, 200 mil familias uruguayas fueron desplumadas sin piedad sin que a nadie se le moviera un pelo. Los nefastos prestamistas por lo menos en una cosa fueron equilibrados: desfalcaron a 100 mil jubilados y a 100 mil funcionarios públicos y trabajadores de la actividad privada.

Ante el temor de que la infamia volviera a repetirse en el mes de julio, los afectados reclamaron nuevamente al Ministerio de Economía que tomara cartas en el asunto antes de que se liquidaran los haberes correspondientes a ese mes.

También se le pidió al Area de Defensa del Consumidor de la referida Cartera el pase sin más trámite a la Justicia penal.

Laureado como mejor economista de América Latina por un grupo de amigos que todos conocemos, Isaac Alfie olvidó que como buen funcionario público tenía el deber de denunciar inmediatamente en la sede penal de turno lo que estaba sucediendo en perjuicio, nada menos, que de 200 mil uruguayos.

Y tanto se olvidó que en el presupuesto del mes de agosto, las mencionadas cooperativas volvieron a repetir la operación y otra vez la estremecedora cifra de trabajadores fue expoliada de manera vergonzosa.

Para colmo de males, el 26 de agosto el Banco Central se lava las manos con anticipación, informando muy suelto de cuerpo que «las diez cooperativas de ahorro y crédito denunciadas no se encuentran bajo su elenco de control».

En nuestro país no existe seguridad jurídica alguna al momento de formalizar un contrato con estas seudoempresas. Así, en caso de pedir un préstamo por 5.000 pesos pagaderos en 10 cuotas de 700, a miles de pasivos y trabajadores les siguen reteniendo las cuotas por tiempo indefinido. Entonces, los 5.000 pesos entregados se convierten en 30 mil, siempre y cuando, como le ha pasado a varios miles, no se encuentren con asombrosos adicionales que pueden ascender a los 200 mil pesos.

Sin embargo, parece que no todo está perdido, porque la Auditoría Interna de la Nación hizo algo por los contribuyentes y ya sacó de circulación a una de estas firmas monstruosas de nombre Copobrien, la cual ya ha sido intervenida judicialmente, con el correspondiente desplazamiento de sus autoridades en beneficio, por lo menos, de 30 mil afiliados perjudicados que se encontraban cautivos de múltiples maniobras realizadas por la «cooperativa».

Este país, sin duda, marcha a impulsos personales, y el ejemplo lo está dando el Auditor Interno de la Nación que, saboteado por el ministro Alfie, quien no le proporciona elemento alguno para controlar a estas organizaciones usureras, igualmente está llevando adelante una lucha en solitario después de 25 años de inacción.

Acá hay varios responsables de la angustia, desesperación, exclusión y muerte de miles de ciudadanos. El Ministerio de Economía, el Banco Central, el Poder Judicial que nunca actuó de oficio y el Directorio del Banco de Previsión Social tendrán que dar cuenta de sus graves omisiones.

Cuando los infames prestamistas enmascarados como ejecutivos de cooperativas de ahorro y crédito vayan cayendo de a uno, los jerarcas de esos organismos estatales tendrán que responder a la ciudadanía y habrá condena. *