La integración en la transición

Las expresiones de voluntad manifestadas por los gobernantes y/o representantes de los países integrantes del Mercosur –salvo Uruguay– como asimismo las de los del Pacto Andino, vertidas a través de los numerosos ámbitos de intercambio que se van multiplicando aceleradamente dentro de dichos grandes acuerdos regionales, confluyen en la voluntad manifiesta de arribar –en algún momento del proceso– a constituir lo que se ha denominado como Comunidad Sudamericana de Naciones. Y decimos salvo Uruguay puesto que es pública y notoria –a nivel internacional– la renuencia del gobierno de nuestro país a profundizar los vínculos con aquellos países, exhibiendo con satisfacción las cifras actuales del intercambio comercial con EEUU –principalmente– como para justificar, sobre la base de la exportación y el comercio liberal con la potencia dueña del mundo, lo que es en definitiva una actitud ideológica y mendicante. La supresión y/o reducción de las cuotas de importación para determinados rubros –especialmente la lana con valor agregado– y la baja de algunos aranceles, fue tenazmente luchada sin éxito con EEUU por don Luis Batlle –padre de este Presidente– hace más de 50 años, en un mundo no solamente bipolar sino también con una fuerte presencia de grandes países emergentes que pugnaban por desarrollarse sin la tutela y subordinación de las por entonces dos superpotencias: EEUU y Unión soviética. Precisamente, algunos de los grandes países que buscaban en aquella época un camino de desarrollo independiente se han encontrado nuevamente hoy dentro del denominado G 20, agrupamiento creado para defender sus intereses comerciales en la Organización Mundial del Comercio. Es sintomático que Uruguay no haya querido acompañar a los restantes países sudamericanos en ese ámbito, que ha logrado, a poco andar, algunos éxitos incuestionables en la lucha contra el proteccionismo, subsidios agrícolas, dumping y otras prácticas desleales, llevadas adelante por los países centrales habilitando el reconocimiento y la aceptación de sanciones por parte de los europeos, en tanto los norteamericanos siguen «pedaleando» para huir de compromisos multilaterales. Su estrategia principal, en materia de comercio, fuera del Nafta, sigue siendo la del ALCA y acuerdos bilaterales con pequeños países como el nuestro, en una nueva versión de «El tiburón y las sardinas».

El camino referido hacia la integración continental, definida en principio como Comunidad Sudamericana de Naciones, no es obviamente lineal. Siendo un proceso que se desarrolla en distintos niveles, donde ha tenido preponderancia hasta el momento lo referente al intercambio comercial, han surgido y lo seguirán haciendo conflictos de intereses entre las partes, para cuya resolución se ha dado un gran paso en estos días con la instalación del Tribunal de Resolución de Controversias, con sede en Asunción. También agentes privados en los distintos países cuestionan, desde ópticas corporativistas, el esfuerzo integracionista. Pero la voluntad política sigue empujando –a todos los niveles– el proyecto integrador.

¿Quién defiende al Uruguay?

Siendo un hecho público y notorio la indiferencia con la que el gobierno uruguayo participa del proceso, y en virtud del surgimiento inevitable de conflictos de intereses entre las partes –primero en el ámbito comercial y luego en los restantes–, parecería necesario un seguimiento cuidadoso, durante el período de transición que estamos viviendo, de las acciones y/u omisiones del gobierno uruguayo en la materia. Es casi imposible opinar de estas cuestiones sin acceso a la información necesaria.

No obstante, por lo que sale a la luz pública, a través de los medios de comunicación –en virtud de la trascendencia del tema– tenemos el derecho de saber sobre las acciones promovidas por todas las partes, y en primer lugar de las promovidas por el Estado uruguayo. En ese sentido, apuntamos sobre dos cuestiones que nos afectan, en tanto hemos sido dejados de lado en ámbitos de integración física y energética. En el primer caso, en virtud de la decisión de Argentina y Brasil de realizar el denominado «Corredor de Integración Regional Zárate – Paso de los Libres – Santo Tomé», transformando en autopista la ruta 14 argentina, que corre paralela al río Uruguay, a poca distancia de la costa, desarrollada en aproximadamente 500 kilómetros. Dicho proyecto resulta funcional al «Eje Mercosur» (San Pablo – Buenos Aires – Santiago), quedando el Uruguay al margen de todo lo que implicaría el pasaje por nuestro territorio. El comercio por modo carretero de los países del Mercosur alcanza a la cifra de 14 mil millones de dólares anuales, siendo obviamente mayoritario entre Argentina y Brasil. Hace cuatro años se acordó, en conferencia de Ministros de Transporte sudamericanos, que el eje vial pasaría por nuestro país, con los beneficios consiguientes, como ser: integración de áreas regionales de producción, programas de obras y rehabilitación para distintos tramos de la red vial, incremento de centros de servicio y turísticos, etcétera. Nuestro gobierno ha sido mudo testigo de esta situación, quedando inerme ante la decisión de Argentina y Brasil. Lo mismo sucedió más recientemente con la aspiración uruguaya de proveer al sur de Brasil con gas argentino. La decisión del gobierno argentino de construir un gasoducto desde la frontera con Bolivia hasta el Brasil echó por tierra aquella aspiración. Tanto en el plano de la integración física como en el de la energética, hemos quedado relegados por aquellos actos de los vecinos. Conociendo la poca vocación integradora de este gobierno, tenemos derecho a pensar que no defiende con convicción nuestro papel en la integración. De ahí la importancia del seguimiento en la transición. *