Declaraciones contra la acción de la Justicia

Las instancias judiciales realizadas el jueves por el juez penal de 11º Turno, doctor Roberto Timbal y la fiscal en lo penal de 2do. Turno, doctora Mirtha Guianze, a las que fueron citados los señores Juan Carlos Blanco y Juan María Bordaberry, muestra que pese a las trabas de todo tipo que se interponen para obstaculizar la acción del Poder Judicial, las actuaciones se siguen realizando.

Las responsabilidades ante la sociedad de las autoridades dictatoriales en el momento del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz reaparecen públicamente después de atravesar innumerables intentos, de todo origen, para mantenerlas en el olvido y la impunidad.

La todavía pequeña brecha abierta en el hermético mausoleo de la impunidad muestra que no todo está concluido en la lucha por la verdad y la justicia que anima a amplios sectores de nuestra ciudadanía.

Demuestra la existencia de magistrados que, conscientes de la dignidad de su investidura, no están dispuestos a omitirse en el momento de hacer funcionar los engranajes de la acción jurisdiccional. Y lo hacen aunque para ello haya que vencer las presiones que llevaron a enterrar las denuncias presentadas en 1985 por el ex diputado Lorenzo Rovira, a bloquear los pedidos de extradición formulados desde la Argentina y sabotear todo avance de las investigaciones en nuestro país a partir de los testimonios presentados oportunamente en la Comisión Investigadora instalada en la Cámara de Representantes en los primeros meses de 1985.

En este contexto y con tales antecedentes, la continuidad de las audiencias muestra los ecos que en el país han alcanzado las acciones penales contra los delitos de lesa humanidad en Argentina y Chile y las denuncias del Plan Cóndor, con los procesos de difusión pública de documentos secretos por parte de los servicios de seguridad de distintos Estados, entre ellos, los provenientes de Washington .

La nota insólita en la jornada del jueves 2 fueron las declaraciones formuladas por el ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo del dictador.

En sus expresiones ante la prensa dio pruebas de su ignorancia supina acerca de hechos importantes en la vida de la República y se extendió en descabellados razonamientos políticos que patentizaron no sólo su insólito desconocimiento de las actuaciones de su padre, sino de la dolorosa realidad de lo que fue la represión en el país durante los años de la dictadura.

Según el ministro, la responsabilidad de la acción judicial es fruto de un ingenio político, una malévola conspiración realizada por el Frente Amplio, como forma indirecta de atacar su propia actuación como ministro.

Para Bordaberry hijo, la historia comienza cuando llega él y se ordena conceptualmente a partir de los que están con él o los que están contra él.

Los crímenes del año 1976 no existen. Se trata solamente de maniobras para ensombrecer su exitosa gestión, de Pedro Bordaberry, como ministro de Batlle.

Los destacados dirigentes políticos asesinados en el marco de un plan de exterminio de la oposición, el siniestro Cóndor, hoy reconocido incluso en los Estados Unidos, según cree Pedro, no han dejado huella en la memoria de su pueblo.

Al atribuir neciamente la denuncia al «Frente Amplio», el ministro olvida que los mártires caídos en Buenos Aires eran padres de familia y ciudadanos respetados y queridos por su actuación pública democrática. Y desconoce que entre otras, esta denuncia proviene justamente de una acción judicial legítimamente emprendida por familiares de los asesinados bárbaramente en Buenos Aires en mayo de 1976.

Moviéndose en la emergencia como un elefante en un bazar, con arrogancia, el ministro se permite atribuir intencionalidad política a la acción de fiscales y jueces, lo que no puede sino ser visto como una más de la infinita serie de escandalosos episodios de interferencia del Poder Ejecutivo con las potestades constitucionales del Poder Judicial destinadas a mantener cerrada la caja de Pandora de la impunidad. *