Otras evidencias del colapso social que padece el país

Días pasados, durante una entrevista que se le realizaba a un director de UTE, el jerarca, con precisión y solvencia, brindó un panorama bastante completo de los problemas de la empresa referidos a la cuestión del robo de cables.

Problema de singular gravedad para los vecinos que a consecuencia de la reiteración de las sustracciones se quedan varios días sin servicios y también de pesada repercusión sobre las erogaciones de la empresa, erogaciones que en definitiva disminuyen la disponibilidad de recursos para el gasto público, cuando el país está más necesitado de ello.

En este comentario no nos proponemos abordar la cuestión de si las políticas del organismo (y del gobierno) en materia energética son las adecuadas.

Por su amplitud, y su carácter preciso y concreto, la respuesta del jerarca abre camino para el análisis de otras cuestiones perentorias y que pertenecen a ese tipo de asunto que suele permanecer en las penumbras de la gestión estatal, sin que se conozcan por parte de la opinión pública las peripecias y problemas que deben enfrentar empresas cuya importancia presente y futura son decisivas para el país. Y, sobre todo, situaciones de injusticia social que permanecen también ocultas y cuyo abordaje es impostergable para la gente que las sufre y para el país.

El sumario periodístico de los hechos realizado por el medio es el siguiente: Uruguay exporta cobre, que no produce. Organizaciones pagan con drogas a adolescentes que dejan a poblaciones sin energía y sin teléfono para fundir y vender los cables robados, generando pérdidas ingentes y peligro para la población.

Los datos que las autoridades del Ministerio del Interior aportan sobre este flagelo son también ilustrativos.

Como siguiendo el hilo de una novela policial, los problemas se entrelazan y afectan a distintas reparticiones del Estado. Desde el punto de vista ciudadano, el problema no es divisible. No es el resultado de una suma de capítulos sino que tiene unas causas, sociales y económicas, que nacen bien hondo en nuestra sociedad, y que se proyectan en varias dependencias del quehacer estatal.

Según reconocen los jerarcas, los jóvenes son reclutados en barrios marginales a cambio de droga, generalmente pasta base, por organizaciones que funden el cobre y lo venden a muy buen precio. Fue detectada una organización que se dedica al robo de cables que involucra a jóvenes inexperientes en materia de electricidad. Estos hechos se vienen dando principalmente en Montevideo y Canelones, donde en los últimos tres años han muerto cuatro jóvenes electrocutados al momento de robar los cables.

El subsecretario del Interior, Alejo Fernández Chaves, dijo en estos días que estas «empresas» contratan menores a los que les pagan con droga, generalmente con pasta base.

En 2001, en Montevideo se recibieron unas 675 denuncias, y a julio de 2002, ya se habían recibido unas 543. Los robos equivalen a tres millones de pesos por mes y detrás de los mismos hay organizaciones que utilizan a personas muy humildes.

«El apagón que se vivió en Montevideo días pasados se debió a un chico de 11 años (que vive en un asentamiento creo que Tres Ombúes) que hizo una especie de boleadora (…), y la tiró a la línea de alta tensión de 150 mil voltios, y provocó un gran cortocircuito. (…) Este asentamiento se ha instalado debajo de la línea de alta tensión, en terrenos donde no puede existir ningún tipo de construcciones. Y en esto va la denuncia para las intendencias y para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial… Los asentamientos están debajo de las líneas de alta tensión, con un peligro enorme. Imagínese que, así como tuvimos un tornado hace poco, que tiró líneas, si cae una en esas viviendas precarias, de chapa, hace estragos porque es una descarga enorme. Y están esas viviendas ahí con un altísimo riesgo de vida».

Como se advierte, en el fondo de la cuestión está siempre el problema de la miseria, de la falta de trabajo, de la ausencia de contralor por parte del Estado. *