Para detener la desintegración social del país

En oportunidad de la realización de un emotivo homenaje a quien fuera militante y destacado dirigente del Partido Socialista, Dr. José Pedro Cardoso, en presencia del candidato a la Presidencia de la República, Dr. Vázquez, el senador Reinaldo Gargano anunció que el 1º de marzo de 2005 el Consejo de Ministros del nuevo gobierno aprobará un plan de emergencia nacional.

El anuncio confirma una constante de la prédica y el accionar de las fuerzas progresistas en el curso de la actual campaña política: la jerarquización de la problemática social, su elevación destacada en el ranking de problemas a abordar con la mayor premura.

Alejándose de lo que podría ser cualquier visión unilateral, de impregnación economicista, la conducción del Frente Amplio-Encuentro Progresista expone de manera tajante su toma de partido por los pobres, su preocupación principal por los graves males sociales a los que ha sido llevado el país.

Los seres humanos, las mujeres, los hombres y los niños que padecen necesidades básicas impostergables están primero. Todo lo demás tendrá que ser puesto al servicio de la resolución de esa situación de emergencia.

Es una señal, un símbolo. Pero una señal clara y con un norte definido. El segundo elemento que destaca del anuncio del lunes es el hecho que, dadas las circunstancias, hablar de un gabinete progresista instalado el 1º de marzo, es internarse en una situación política nacional completamente original. Sin precedentes en la entera historia del país.

Desde el punto de vista de la evolución de las instituciones, los cambios políticos operados en los últimos años han conducido a un escenario en cierto sentido inesperado: en 1966, para imponer una política de mano dura con los gremios y los estudiantes, se reformó la Constitución creando una figura presidencial con muy amplios poderes.

El Poder Legislativo, en gran medida, fue despojado de muchas de sus principales facultades constitucionales. Los «barones» de la política, blancos y colorados, creían que los parlamentarios eran demasiado flexibles ante las demandas sociales, cedían a las presiones de la gente, estaban siempre pensando en cómo mantener o acrecentar su electorado. Proyectaron y consiguieron aprobar una reforma que concentraba el poder en el Ejecutivo, sin imaginar que un día estaría allí un hombre de izquierda.

Unos años después, buscando cerrarle el camino a la izquierda, otra reforma constitucional estableció el sistema de elección en dos vueltas (balotaje) realizándose la elección de los diputados y senadores de manera simultánea a la elección de presidente y vice.

Analizado en el marco de esta secuencia, si el progresismo obtiene, como todo lo parece indicar, el acceso a la primera magistratura el 31 de octubre, el Parlamento que el día 2 de marzo recibirá el Plan de Emergencia anunciado el lunes por el senador Gargano, contará rápidamente con los respaldos parlamentarios necesarios para su sanción legislativa.

La posibilidad real de este rápido diligenciamiento constituye un hecho insólito y altamente positivo para la reafirmación de la vigencia de las instituciones democráticas en el país y a la vez de restitución del deteriorado prestigio de la institución parlamentaria, en quien la derecha suele cargar la romana como factor inoperante y retardatario, olvidando que hasta ahora las mayorías parlamentarias en el país han sido siempre de derecha.

Un Parlamento con mayoría absoluta de izquierda y un Ejecutivo ágil, sensible y resuelto, contribuirán decisivamente a forjar un equilibrio político completamente nuevo en la historia del país. Un momento cargado de posibilidades de cambio, progreso material y moral, desarrollo científico y técnico y expansión de la vida cultural y espiritual. *