Sueldos docentes: una iniquidad que debe repararse

Enuestra edición del martes pasado, la cifra del día –que aparece, junto a la pareja y la frase, al pie de esta página editorial– fue 29. Se trata del lugar (nada honroso, por cierto) que ocupa Uruguay en cuanto al nivel de retribuciones a los docentes en todo el mundo, por debajo de Brasil, Argentina, Chile, Jordania e Indonesia (¡!), según informe de la OIT.

El dato es significativo por cuanto demuestra de manera dramática una lamentable realidad de deterioro denunciada desde hace mucho tiempo y que no quitó el sueño a las distintas administraciones, que nada hicieron por mejorar la situación.

Dentro del progresivo descalabro experimentado por el salario de los uruguayos, el de los docentes debe de ser el que ha acusado una de las caídas más pronunciadas.

Hasta mediados de los años cincuenta, un profesor de Secundaria tenía un sueldo mensual que le permitía acceder a un nivel de consumo más que decoroso. Típico integrante de la clase media, el docente de aquella época podía, con su único estipendio y sin sobresaltos, mantener a su familia. Entonces, y hasta hace no mucho tiempo, el sueldo docente que pagaba el Estado –tanto de Primaria como de Secundaria–era notoriamente superior al laudo fijado para la enseñanza en general, por el que se regían las instituciones de educación privada. Para que se tenga una idea, recordemos que el sueldo de los profesores de la enseñanza media pública (del último grado del escalafón) estuvo equiparado durante muchos años al de los altos funcionarios del Estado (diputados o ministros, por ejemplo), lo cual exime de todo comentario. Independientemente de lo que significa la rebaja salarial en cuanto a la merma de la capacidad de consumo –que no es poca cosa– los docentes perdieron –a los ojos del común de la gente– parte de su prestigio social. Un cargo mal pagado denigra, en cierta medida, la profesión y a quien la ejerce.

Esto, en lo que al salario se refiere. Pero hay otro tema no menor que tiene que ver con un aspecto tan importante como el del salario: las condiciones laborales. En efecto, al tiempo que el nivel de remuneraciones descendía de manera vertiginosa, en los nefastos días de la dictadura empezaron a eliminarse paulatinamente los topes horarios existentes, que apuntaban a preservar la salud física y mental de los educadores. Obviamente, en la medida en que los salarios perdían poder adquisitivo y se elevaban los topes de horas de clase semanales, los docentes iban viéndose obligados a aceptar más grupos de manera de compensar la pérdida salarial. Paralelamente, fue verificándose un acercamiento entre el salario público y el de la enseñanza privada. Esto llevó a que los profesores buscaran remediar la pérdida de su poder adquisitivo trabajando más tiempo, algo que a todas luces conspira contra la salud y el correcto rendimiento del docente y, en definitiva, contra la calidad de la educación.

En el ámbito de la enseñanza primaria ocurrió otro tanto, pues los maestros se vieron obligados a hacer un doble horario (en una escuela pública y en una privada) llevando su jornada laboral a más de ocho horas; algo absolutamente inaceptable en una profesión en la que el estrés hace estragos.

Resulta una paradoja inaceptable que los gobernantes pronuncien hermosos discursos sobre la educación sosteniendo que es la apuesta al futuro, al tiempo que exhiben una mezquindad incalificable cuando de otorgar recursos a la enseñanza se trata. Las políticas educativas deben asumir, como primera tarea, devolver a la enseñanza pública su antiguo prestigio degradado por presupuestos avaros. Y junto a la atención a los problemas locativos y de infraestructura general, una remuneración digna a los docentes es asunto prioritario.

Todo depende de la voluntad política del gobierno y de la responsabilidad de los legisladores a la hora de votar el presupuesto.