Investigación y transparencia

El escrito presentado ayer al Ministerio de Defensa por Tota Quinteros se inscribe en el conjunto de pasos y etapas que se han abierto a partir de la sentencia adoptada el pasado 10 de mayo por la doctora Estela Jubette, titular del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno.

La histórica sentencia, haciendo lugar al recurso de amparo presentado por la madre de Elena Quinteros, establece la obligación del Estado de investigar en función del derecho humano de información y en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4º de la Ley de Caducidad.

Resulta claro que, como surge del escrito presentado por la Señora Quinteros, hay una serie de testimonios y declaraciones públicas, varias de ellas realizadas por integrantes de las Fuerzas Armadas, que remiten a la situación de Elena Quinteros, secuestrada en junio de 1976.

Se trata entonces de, por un lado, evitar que se mantenga como cabos sueltos, como tramos perdidos de un relato inconcluso, una serie de aportes que pueden significar un camino hacia la verdad.

El pedido formulado por la señora Quinteros a las autoridades del Ministerio de Defensa contribuye a ordenar y marcar algunos jalones insoslayables de la investigación que tiene a su cargo esa secretaría de Estado.

La reseña formulada por la demandante muestra las singularidades de esta investigación: la gran cantidad de elementos testimoniales así como las investigaciones realizadas muestran la situación derivada de un secuestro que fue investigado y que con mucha frecuencia ha sido motivo de intervenciones políticas, periodísticas o de gestiones diplomáticas.

Todos los presidentes de Venezuela entre 1976 y el año 2000 han solicitado a sus pares de Uruguay una investigación que muestre la verdad sobre un secuestro que causó la ruptura de relaciones entre los dos países por más de nueve años: Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi, Luis Herrera Camping, Rafael Caldera y Hugo Chávez.

Hasta ahora se han tenido que contentar con las promesas realizadas por el señor Sanguinetti, renovadas ahora, en otro contexto, por el doctor Jorge Batlle.

La investigación llevada adelante en el Ministerio de Relaciones Exteriores por resolución del ministro Enrique Iglesias a partir de agosto de 1987 y que diera lugar, después, a la formación de una Comisión Investigadora en el Senado de la República el 28 de julio de 1990, permitió avanzar resueltamente por el camino de los hechos.

Quedaron así de manifiesto para todos los integrantes de la Comisión (blancos, colorados y frenteamplistas) las graves responsabilidades de los jerarcas de la Cancillería, empezando por las del propio titular de la cartera, Juan Carlos Blanco.

Cuando el informe se debatió en el Pleno del Senado, el extinto senador Hugo Batalla rebatió la «eventual prescripción de responsabilidades emergentes de la desaparición de Elena Quinteros. El delito de la privación de libertad es permanente y, por consiguiente, aún hoy no ha empezado a correr el período de prescripción. Quiere decir que pueden ser evidentemente asumidas y determinadas las responsabilidades penales que por ese hecho pueden haberse generado.«

El escrito que ha confeccionado la señora Quinteros remite entonces a por lo menos siete aportes testimoniales o fruto de investigaciones administrativas:

1- escrito anónimo presentado ante la Comisión de Diputados en 1985 sobre personas desaparecidas,

2- declaraciones del ex soldado Ariel López Silva,

3   testimonio de Enrique Rodríguez Martínez,

4   declaraciones del ex coracero Julio Estella

5   declaraciones a LA REPUBLICA provenientes de fuentes de los servicios de información,

6   investigación realizada por Antel sobre intervención telefónica de la Embajada de Venezuela, y

7   declaraciones formuladas a la revista Postdata por un alto oficial retirado.

Este conjunto de elementos de información deben hilvanarse en una línea de interpretación racional y la señora Quinteros tiene derecho a ir conociendo paso a paso los avances que desde el Ministerio se realicen.

Después de tantos años de negativas a investigar es positivo que la investigación avance.

Después de tantos años de oscuridad, lo esperable es que todos los pasos se acompañen con la mayor transparencia.