Pescadores artesanales

Hace muy pocos meses tuve oportunidad de compartir con usted algunas reflexiones a propósito de la desaparición de tres pescadores artesanales en alta mar, que habían salido a trabajar en su lancha con motor fuera de borda desde la playa de José Ignacio, en el Departamento de Maldonado.

En este mes de junio ha ocurrido lo mismo con cuatro tripulantes de una chalana surta en Pajas Blancas.

En ambos casos ha aparecido la embarcación, pero no las personas. Han sido vanos los esfuerzos de la Prefectura Nacional Naval por rescatarlos.

En aquella oportunidad no se dieron a conocer siquiera los nombres de los desaparecidos. Hoy sabemos quiénes son y que uno de ellos es padre de ocho hijos.

Le repito hoy que ellos formaban parte de una colectividad de compatriotas que agrupa a dos mil quinientas familias, y que desarrollan el trabajo que considero más duro de los que se conocen actualmente en nuestro país, por las circunstancias en que se desarrolla y las condiciones de excesivo riesgo personal. No gozan de seguro de enfermedad, de accidentes de trabajo, ni de paro. Ni siquiera están afiliados al Banco de Previsión Social.

La diferencia entre ambas tragedias –idénticas en sus consecuencias– radica en que los pescadores de Pajas Blancas están mejor organizados y están haciendo oír su voz colectiva reclamando por el desamparo a que están expuestos.

Así es que nos hemos enterado de que existe una ley dictada en el ano 1992 –muy precisa ella– que determina el equipo de seguridad que deben tener las embarcaciones que salen a pescar. Pero los pescadores artesanales no disponen de él porque el Poder Ejecutivo no ha resuelto la financiación necesaria –que establece la ley– para que el suministro se haga efectivo. La cifra que se necesita es muy pequena; sin embargo han transcurrido ocho anos sin que aparezcan los fondos asignados, porque –según denuncian los pescadores– se han gastado en otros menesteres.

Existe en nuestro país una marana de leyes que se limitan a buenas intenciones, porque no aseguran los mecanismos para que sus disposiciones se hagan efectivas. Ya he comentado con usted la letra muerta de la ley que reglamenta el funcionamiento de las llamadas «Casas de Salud». Este es otro doloroso ejemplo.

Yo opino que es absolutamente necesario que detrás de cada norma exista la organización ciudadana que asegure –con su acción– que la misma se cumpla. Y si la ley no prevé la participación ciudadana para que la norma sea efectiva, la existencia de un sindicato fuerte actuando, es el único instrumento de defensa.

Cuando la tragedia ocurrió en José Ignacio, traje a colación la medida adoptada sistemáticamente por el sindicato de la construcción (Sunca) de paralizar las obras cada vez que ocurre una muerte en los andamios. Al margen de las críticas que se les haga, los albaniles han ido avanzando en la aplicación efectiva de las medidas de seguridad en las obras de la construcción.

El agrupamiento sindical de los trabajadores sirve para mucho más que la elemental defensa del salario y la fuente de trabajo. Es un instrumento esencial para la dignidad de vida de los trabajadores.

Por eso, cuando un gobernante no da atención prioritaria a la discusión de los reclamos de las organizaciones sindicales, o se refiere a sus protestas con cinismo y malicia –como lo ha hecho recientemente el senor Presidente Batlle– atenta directamente contra esa necesaria dignidad.

Es bueno respaldar el reclamo para que aparezcan los dineros necesarios y puedan salvarse vidas de pescadores a partir de hoy.