Como elefantes en el bazar

Sobre la malograda investigación del eventual lavado de dinero proveniente del llamado Cártel de Juárez, en la que, tanto el vicepresidente de la República Luis Hierro López, como el ministro del Interior Guillermo Stirling, tuvieron una actuación que es propia a la de dos elefantes metidos en un bazar, parecería que nadie tendrá que pagar costos políticos.

Y ello es grave en razón que no parece posible, dentro de un ordenamiento democrático, que se actúe de una manera tan descontrolada, tratando de parar una investigación que –como todas las que se llevan a cabo– debe terminar con una decisión judicial.

El vicepresidente de la República, obviamente, recibió a su amigo Danilo Arbilla e intentó, sin dar a conocer sus intenciones al ministro Stirling, paralizar la investigación presionando al responsable de la misma, que era nada menos que el cuarto hombre en jerarquía en el Ministerio del Interior. Hierro López, según las crónicas, se reunió por lo menos dos veces con Arbilla y otras tantas con el inspector Roberto Rivero. Pero eso, a esta altura, es historia antigua. Lo que importa es lo que ocurre cuando el vicepresidente de la República se moviliza para tratar de parar una investigación, nada menos que por lavado de dinero del narcotráfico, que afecta a un amigo, por más inocente que éste sea. Se incurre en un deleznable tráfico de influencias que, cuando es caracterizado en una acción de, nada menos, el vicepresidente de la República, tiene una trascendencia mayor porque por el peso del personaje que lo concreta, lesiona malamente nuestro basamento institucional.

Las explicaciones que dio en un comunicado el profesor Hierro López ingresan en la calificación de insólitas, pues parecería que trató de pegotear los jarrones del bazar que uno de los elefantes no sólo quebró con su torpeza, sino que pisoteó para convertirlos en verdadero polvo. ¡Todo lo que hizo ya no tiene arreglo! Si hubiera querido realizar una aclaración sobre sus acciones, lo único que le cabía era disculparse por ese tráfico de influencias que, en lugar de favorecer a Arbilla, sirvió para contribuir en meterlo en el centro de un escándalo de gigantescas proporciones y que todavía continúa.

Pero hay más. El otro elefante ingresó tardíamente al bazar, encontrando muchas cosas ya por el suelo y, al igual que su colega y correligionario del Foro Batllista, lo igualó en torpeza. Stirling, al ser informado tardíamente de lo que estaba ocurriendo (insólitamente ni el vicepresidente de la República ni el inspector Rivero lo pusieron al tanto en el momento oportuno), multiplicó el destrozo, tratando de paralizar también una investigación que ya había tenido recepción judicial. Pero sus medidas fueron luego más espectaculares: no sólo destituyó al inspector Rivero, sino que disolvió la brigada de narcóticos de Maldonado y, para coronar el desacierto, envió una nota a la jueza Fany Canesa, que estudiaba dos oficios de la Policía, para que dicha investigación fuera paralizada.

Todo mal, todo negativo para el funcionamiento de las instituciones del país que atónito, asistió a otra demostración de cómo actúan algunos jerarcas públicos cuando «amigos» los interesan por problemas que están viviendo.

En una nota anterior dijimos que este hecho estaba mostrando una división en nuestra sociedad que se expresa no sólo en las acciones de estos funcionarios sino también en otros aspectos: ahí está, por ejemplo, la lamentable política económica nuevamente restrictiva del desarrollo y que acarreará más dolor a los sectores débiles de nuestra sociedad (recordemos que ya el 40 de los niños ya nacen en hogares que están por debajo de la línea de la pobreza), sin tocar a quienes obtienen grandes ganancias por la especulación financiera. Ni siquiera, en un pretendido intento de reactivación, se ha logrado una reducción adecuada de los intereses de los préstamos al consumo, que son una verdadera expoliación y que, obviamente, también están colaborando en la reducción del mercado con todo lo que ello trae aparejado. Recordemos también la índole negativa de la reforma de la seguridad social, que creó a un grupo de empresas parásitas del Banco de Previsión Social que, además, están teniendo en general una performance deficiente (sólo una de las AFAPs no tiene su balance en rojo) en su cometido de impulsar, con esos capitales que reciben, a la economía del país.

Por todo ello, por la situación del país en su conjunto, es que nos preocupa que en todo ese proceso de la investigación del tema del lavado de dólares, quienes realizaron ese claro tráfico de influencias, no deban pagar ningún costo político. Claro, quien tendría que caer es el ministro, el verdadero fusible cuya quemazón serviría como un ejemplo que, de alguna manera, estaría también amparando a otros niveles del Poder Ejecutivo que, sin entender cómo debe funcionar una democracia, ingresaron también, por su torpeza, en un camino que nunca debieron recorrer.

Los uruguayos nos debemos un debate sobre estos temas.

(*) Periodista