La responsabilidad de los civiles durante la dictadura militar

Se cumplieron ayer 27 años del golpe cívico militar que ensombreció al país entre 1973 y 1985 y de cuyas consecuencias nefastas, en algunos terrenos, la nación no ha logrado desembarazarse.

Hoy, 28 de junio, se cumplen 24 años del secuestro de Elena Quinteros arrancada violentamente de la protección que le brindaba la Embajada de Venezuela en nuestro país.

Ambas luctuosas conmemoraciones son instancia de evocación y balance acerca de ese tramo intenso y doloroso en nuestra historia como país.

Pesa sobre ese pasado, no obstante, el lamentable embargo a la memoria que constituye la voluntad de olvido que se intenta imponer desde el país oficial, desde el Estado.

Rememorar el golpe y los años de terrorismo de Estado que desde el gobierno se impuso y recordar el papel que hombres como Bordaberry, o como Juan Carlos Blanco, el articulador uruguayo del Plan Cóndor, ambos dirigentes del Partido Colorado que como el Partido Nacional fueron los grandes proveedores del personal civil de la dictadura.

Vale la pena recordar el envoltorio de seudo-juridicidad que por parte de algunos dirigentes políticos se tejió entre los hechos bárbaros y crueles de los comandos militares y su presentación pública, almibarada con el discurso civil-conservador que caracterizó al régimen.

Un régimen que se inició bajo las insólitas admoniciones de Bordaberry declarando, en la madrugada del día del golpe, que éste no era «contra las instituciones sino para defender las instituciones».

Vale la pena recordar que si bien la inmensa mayoría de los cargos ejecutivos en la administración, las empresas públicas y en las intendencias fueron ocupados por militares, militares que seguían sometidos a la línea jerárquica de sus respectivas armas, en el órgano que usurpó las funciones legislativas, el Consejo de Estado, fueron civiles los que aportaron su concurso.

Vale la pena recordar, asimismo, que el discurso golpista y el que presidió la dictadura se nutría en gran medida del fervor represivo acuñado durante el período de gobierno de Pacheco.

Fue en esos años anteriores al golpe que se acuñó la idea de que el país vivía en la opción de «el orden contra la subversión», y que a la preservación de ese orden, y la paz de los sepulcros que entrañaba, había que subordinar el ejercicio de cualquier actividad ciudadana.

Ante el supremo altar del «orden conservador» se inmolaron las libertades públicas y privadas, el derecho a la información y las libertades de reunión, agremiación y prensa.

Las trasmisiones organizadas por el gobierno y sus oficinas, en cadena de radio y televisión, procuraron instalar en la población la idea que «la subversión no formaba parte del país», los subversivos no eran compatriotas.

Más bien los subversivos eran «enemigos de la patria».

Estaban al servicio de otras naciones (la Unión Soviética, Cuba, China) y por eso la misión de los civiles y militares que gobernaban actuaban como defensores de la patria.

Vale la pena recordar también que cuando se ha encontrado que algún civil –como en el caso del ex canciller Juan Carlos Blanco– tiene responsabilidades penales graves, en delitos como la desaparición de personas, los sectores conservadores y que siguen apostando a la impunidad consideran que no es viable y que no sería conveniente que se los llevara ante un juzgado pues inevitablemente se pondría en cuestión las responsabilidad de los militares.

De esto se deduce que aunque no están incluidos a texto expreso en los efectos de exoneración que para los militares tiene la Ley de Caducidad, en los hechos tampoco ninguno de los responsables civiles del terrorismo de Estado fue sometido al examen de una causa penal.

Los civiles que acompañaron a la dictadura fueron todos cómplices de los crímenes que se cometieron durante los años de plomo.

Gran parte de ellos, además, fueron artífices de la defensa del régimen ante foros internacionales y ante la población.

Herederos de las tradiciones autoritarias y conservadoras de algunos sectores blancos y colorados pusieron su pasión represiva y su sectarismo antipopular por encima de las instituciones, por encima de la ley y de las tradiciones democráticas del país.

Cuando recordamos las atrocidades del régimen de dictadura en nuestro país, conviene no olvidar a los socios civiles del proceso. Es de estricta justicia.