La historia oficial que se viene fraguando

Los ataques que contra el Parlamento se dirigen, los intentos para suspender los fueros de sus integrantes, son indicios claros de un plan regresivo impulsado por un sector de las FFAA que mediante sucesivos pronunciamientos de carácter motinero, ha conmocionado al país. La consigna debe ser una y clara: identificarse con el Poder Legislativo unido a todas las otras corrientes sanas de la opinión, en defensa de las instituciones y de las libertades públicas».

Juan E. Pivel Devoto, discurso del 8/4/972

 

En 1972, en Uruguay, ante la presencia y acción bélica del MLN, se recurrió a la jurisdicción militar. Primero fue con la declaración del estado de guerra interno y luego con la Ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno; con estas normas, la jurisdicción militar debía aplicarse a todo aquel que cometiese delitos que ahora eran considerados militares.

En aquella época se decía  y con razón  que esa ley violaba el principio de separación de poderes, dado que los jueces militares eran subordinados de uno de los tres poderes del Estado. ¿Qué sucedió? Pues que en ese ambiente, al que debemos sumar la vocación golpista del electo presidente Bordaberry, se fue consolidando la tendencia en boga en aquellos tiempos, esto es, considerar el «orden castrense» como ideal extensible a todo el país, a todos los ciudadanos y a todos los ámbitos. Se fuera integrante o no del MLN, la barrida no admitía consideraciones de especie alguna. Así fue entonces que desmintiendo el discurso actual de las Fuerzas Armadas, no sólo derrotaron a la subversión  misión encomendada por amplias mayorías parlamentarias  sino que siguieron de largo aplastando las libertades y las instituciones democráticas que representaban al pueblo. De esa forma, violaron la Constitución que decían defender, instalando así el despotismo militar y una tutoría en todos los órdenes que muy lejos estuvo del auténtico pensamiento artiguista dado en el artículo 18 de las Instrucciones de 1813: «El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos».

Otra no puede ser la resultante del análisis sobre los hechos de los primeros años de la década del setenta, dado que las Fuerzas Armadas asumieron roles y actitudes políticas que les estaban vedadas. Vale a modo de ejemplo que cuando oportunamente el Directorio Nacionalista hizo notar estos excesos, el resultado fue el procesamiento de su presidente, el capitán Omar Murdoch, o las constantes amenazas de pedidos de desafuero a legisladores, o los interrogatorios a los parlamentarios sobre sus dichos en el ejercicio de sus funciones por medio de exhortos provenientes de la «justicia» militar.

Aquello fue el mundo del absurdo. Quienes no podían opinar ¡opinaban! Y los legisladores, que no estaban impedidos por disposición constitucional alguna, ¡no podían hacerlo! Y cuando alguien señalaba que las Fuerzas Armadas estaban asumiendo funciones y tomando actitudes políticas que les estaban vedadas, desde las mismas FFAA surgía la acusación de vilipendio y ataque a la fuerza moral de las mismas, lo que implicaba una patente de impunidad que les permitía actuar al margen de la Constitución. Si a esto sumamos el instituto del desafuero como elemento disuasivo para intimidar al Parlamento, llegamos a concluir que desde ningún punto de vista buscaron afirmar el sistema democrático republicano representativo; por el contrario, se conspiró e intrigó con el único objetivo de instalar una dictadura.

Mal se puede seguir afirmando para justificarse ante las nuevas generaciones, que fue solamente el MLN, quien pretendió subvertir el orden institucional de la nación. Por ejemplo, el 27 de marzo de 1973, el Directorio Nacionalista rechazó un proyecto del Poder Ejecutivo llamado de «Consolidación de la Paz» por haberlo encontrado inequívocamente totalitario. Entre la variada gama de argumentos para tal definición, se dijo que constituía «un flagrante atentado a la Constitución de la República, al atacar en su letra y en su espíritu las garantías primarias del hombre»; que lesionaba «el régimen de separación de poderes, dando al Ejército lo que compete al Poder Judicial», y por la creación de varias figuras jurídicas tales como el delito de opinión.

Ahorrando lectura, esa situación terminó con el presidente del Directorio procesado por la Justicia Militar. Obsérvese que aún no habíamos llegado al 27 de junio, y el clima para con quienes nada tenían que ver con el M.L.N. era de enfrentamiento. Ya todos sabían que no eran democráticas las preocupaciones de los golpistas. Al punto que justamente un mes antes del golpe, se llevó a cabo la Convención del Partido Nacional (el 26 de mayo), ocasión en que el senador Wilson Ferreira pide la palabra y, en un discurso que los historiadores deberán recoger para responder a esta historia oficial que se viene armando, define: «Muchas cosas que hoy, mirando atrás, no debimos haber votado. Yo prefiero reconocer honradamente los errores… No es buena cosa para un político y mucho menos para un dirigente político, no reconocer cuando uno se equivoca. Votamos la Ley de Seguridad del Estado. La ley se hubiera sancionado igual sin nuestros votos, pero lo cierto es que la votamos. Pero no hicimos bien en haberla votado. Comprendo perfectamente que ayudamos a la defensa del sistema institucional, que mejoramos el texto de la ley incorporándole algunas garantías indispensables que no se cumplieron. Esta confesión honrada la digo limpiamente, debemos sacarle la jurisdicción militar al país para librar esta batalla trascendente».

Años después, en 1980, a todo esto a que venimos aludiendo se le quiso dar rango constitucional plebiscito mediante, y en un punch al mentón la ciudadanía dejó boqueando a los dictadores. Había comenzado la cuenta regresiva.

 

* Convencional del Partido Nacional