Acuerdo programático: repartija y chantaje

La exigencia de cumplimiento del acuerdo, así como las amenazas de algún dirigente nacionalista en caso de que ello no ocurra, traen nuevamente al tapete un serio problema de ética política.

En los primeros días de noviembre pasado, no bien el Honorable Directorio Nacionalista aunució eufórico el apoyo de esa colectividad a la candidatura colorada para el balotaje, la repartija de cargos apareció ominosamente como el quid del pacto que celebraban ambos partidos tradicionales. El paquete de medidas, exhibido como única condición del Nacionalismo para dar su apoyo al doctor Batlle, no era  a todas luces  la verdadera contrapartida de ese apoyo electoral.

Se irritaron, y mucho, los dirigentes blancos y colorados, y se sintieron agraviados cuando se especuló con esa realidad. Se habló de familias ideológicas, de olvido de viejos rencores, de defensa de las tradiciones frente al enemigo común encarnado en el doctor Vázquez. El lacallismo se batió el parche pretendiendo presentarse como un grupo político responsable, que velaba por el bienestar de los uruguayos y que había logrado una victoria política sin parangón al haber condicionado el apoyo al viejo rival a la aprobación del paquete de soluciones. Siempre dijeron que se trataba de un acuerdo programático, que lo de los cargos era un asunto menor, totalmente secundario y, en definitiva, una consecuencia lógica del pacto.

Luego, el contenido de la ley de urgente consideración demostró que un buen número de aquellas propuestas del acuerdo de noviembre había sido olvidado o soslayado, y que se había dado cabida a otras medidas que no figuraban en el acuerdo original.

Pero en los últimos días, precisamente cuando la cúpula blanquicolorada empezó a manejar el tema más espinoso  el del reparto de los apetecidos cargos de confianza en los organsimos públicos , se verificaron los previsibles encontronazos entre las distintas fracciones de los diversos sectores del Partido Nacional.

Como si se tratara de una prolija contabilidad, y aplicando una aritmética implacable, ha resurgido el tristemente célebre tres y dos, acomodo llevado al rango de precepto constitucional en la reforma de 1951. Pero claro, a la hora de establecer las cuotas correspondientes a los pequeños grupos y subsectores, hay quienes, inevitablemente, se muestran desconformes pues entienden que su caudal electoral no ha sido correctamente evaluado.

En última instancia todo esto no es más que política menor pues no responde sino al apetito de cargos y al humano afán de premiar a pequeños caudillos. Y con ser condenable, no reviste demasiada gravedad. En cambio, lo que parece no tener sustento razonable es la respuesta de algunos dirigentes medios a la supuesta discriminación de que se consideran víctimas.

Así, vemos con asombro cómo menudean las airadas voces de protesta, las exigencias y las amenazas. A semejanza entonces de los estados o las corporaciones que apelan a la denuncia de cláusulas secretas contenidas en los pactos suscritos, los damnificados por la iniquidad en la repartija intentan presionar a los dirigentes encumbrados con divulgar en qué consistieron los acuerdos y con quiénes se pactó.

Semejante advertencia conlleva, razonablemente, la suposición de que hubo acuerdos turbios que no conviene ventilar en público pues comprometerían seriamente la imagen de algunos políticos y, fundamentalmente, pondrían en tela de juicio la credibilidad de las formas de hacer política. Y también, siguiendo el mismo razonamiento, puede inferirse que si las cúpulas partidarias revén la asignación de puestos en entes y servicios descentralizados, y las aspiraciones de los dirigentes medios son colmadas, no se harán públicas las cláusulas secretas. «Si no me das los cargos que pido, cuento todo», parece ser en última instancia el mensaje.

Nada más parecido a un chantaje. Y el chantaje deja mal parado tanto al chantajista como al chantajeado; en el caso, y sea cual sea el resultado final de esta triste historia, es todo el sistema político el que se desprestigia.