Sobre residuos hospitalarios y hornos crematorios

(I) La Democracia participativa está condicionada, entre otras cosas, por las posibilidades de acceder al conocimiento.

Todo conocimiento implica una información previa.

La calidad de esa información depende de la intensidad, multiplicidad, reiteración y claridad de los mensajes emitidos por quienes tienen la responsabilidad de informar.

El conocimiento generado a partir de esa información depende de la capacidad para captar y elaborar los mensajes, por quienes tienen derecho a estar informados.

II) A comienzos de la década de los ’90, aún no existía el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y en la Cámara de Diputados había una Comisión de Medio Ambiente que funcionaba irregularmente, ya que no estaba prevista en el Reglamento de Cámara. Se comenzaba a construir la estructura física de la planta de UTE en la zona de La Tablada. Intrigado por las características que tendría, en especial el combustible que utilizaría y las repercusiones en el vecindario, realicé un pedido de informes. Para mi sorpresa a la semana siguiente estaba en Comisión el presidente del Directorio y asesores. Fue la única vez que dieron como argumento para la ubicación elegida, que eran predios cuya propiedad y cercanía a las fuentes de abastecimiento abarataba los costos de edificación y funcionamiento.

En las entrevistas que luego se sucedieron y ante la importancia de los costos ambientales y sociales, nunca más se señaló que el factor determinante para la ubicación elegida había sido el costo para la empresa.

(III) Los diez años transcurridos desde la creación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Ley 16.112 de mayo de 1990) han ido demostrando las dificultades para lograr que la gente, el vecino, el ciudadano, en fin, esté adecuadamente informado. Esas dificultades de información motivaron que ante la imposibilidad de lograr que el Poder Ejecutivo y en especial su ministro de Vivienda del período pasado, modificasen el Decreto Reglamentario de la Ley 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental, presentamos un proyecto de ley, con el diputado Jorge Coll en julio de 1996, por el que se hacía obligatoria la publicación de los proyectos y sus características en la prensa local y regional, y comunicar a la Junta Departamental y en especial manera a sus Comisiones de Medio Ambiente de la zona a ubicarse. Desde luego que manteniendo las actuales disposiciones de «avisar» también en el Diario Oficial y medios de circulación nacional.

(IV) Son para la antología de mecanismos de información y participación a la ciudadanía los pasos dados por el Ministerio.

Tengo a la vista el Diario Oficial Nº 25.469 de febrero 23 de 2000 que vecinos preocupados por este tema me hicieron llegar.

Allí aparece un aviso del «Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente», en el que por dos veces se lee en cuerpo de letra destacado el nombre íntegro del Ministerio.

Ya en tamaño algo menor dice que es de la «Dirección Nacional de Medio Ambiente» y a continuación «Solicitud de Autorización Ambiental Previa». Quien se introduzca en la lectura de un texto a una columna, de 15 párrafos de letra para nada destacada, descubrirá en su interior, en el antepenúltimo párrafo, que se trata de «Horno Incinerador de Residuos Sólidos Hospitalarios».

Eso sí, por más que el empecinado lector intente saber dónde estará ubicado el proyecto, por más que lea y relea el aviso de marras no llegará nunca a saber en qué región estará enclavado el «Horno Incinerador de Residuos Sólidos Hospitalarios».

(V) Del comunicado de prensa emitido por los vecinos de estación La Pedrera y San Jacinto para la audiencia pública del lunes 26 a la hora 16:00 vale la pena destacar:

«El objetivo de la Audiencia Pública es, al decir del ministro Cat, el ámbito donde el Mvotma pretende tomar conocimiento de la realidad y pensamiento de los afectados por el emprendimiento en cuestión».

«Sin embargo llama la atención la mecánica de desarrollo de la ‘audiencia’ propuesta por la Dirección de Medio Ambiente donde se pretende que las ponencias y preguntas de los vecinos sean expuestas por escrito en tanto la empresa hará su exposición en forma oral».

(VI) El pueblo quiere saber de qué se trata y en especial manera sobre todo aquello que le puede afectar directamente. Cabría además que el Ministerio informase qué mecanismos instrumentó para informar a los vecinos sobre los argumentos a favor y en contra de esta tecnología. Seguramente que ello aumentaría los conocimientos de los ciudadanos de la región y aumentaría la credibilidad en la ponderación y respeto por los derechos humanos de quienes ocupan cargos en organismos oficiales.

* Representante nacional por Canelones