Una condena histórica en Brasil

Son conocidas las tremendas tensiones por las que atraviesa el medio rural brasileño.

La permanencia –y aún extensión del latifundio– ha tendido a agravar los problemas de la tenencia de la tierra y una masa creciente de campesinos despojados de todo medio de vida procura, a través de distintas formas de organización y movilización, encontrar la posibilidad de escapar a la miseria despiadada que aguarda a los pobres del campo cuando se ven obligados a trasladarse a las periferias marginales de las grandes urbes.

La movilización principal de los campesinos brasileños adoptó la forma de un movimiento con enorme potencial de movilización, creatividad y lucha, el Movimiento de los Sin Tierra, movimiento que con su sola mención pone en ascuas a los sectores más acaudalados y conservadores de nuestro vecino del Norte.

Este movimiento, que cuenta con apoyos muy importantes en la Universidades de varios Estados de la Federación, del Partido de los Trabajadores (PT) y de la poderosa Comisión Pastoral de la Tierra, se ha visto no obstante, obstaculizado en sus emprendimientos por la acción criminal organizada por algunos «fazendeiros» decididos a dirimir con las armas el conflicto social en Brasil.

Así, en los últimos años se ha agravado un problema ya endémico en los campos y en las selvas del gran país vecino: la contratación de mercenarios por parte de algunos grandes propietarios que pretenden destruir a las organizaciones de base que va construyendo el movimiento campesino.

Esta suerte de guerra civil sorda viene cobrando miles de vidas en los últimos años.

Una de las regiones donde más se ha practicado este tipo de violencia ha sido el Estado de Pará, en el Norte del país.

Es justamente de Belem do Pará de donde llega ahora, perdida en la gran masa de información sobre Brasil, una noticia auspiciosa.

La Justicia acaba de condenar a Jerónimo Amorín acusado de ser quien ordenó el asesinato de Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato de los Trabajadores de Río María, en febrero de 1991.

El estanciero fue detenido en Cancún (México) a donde había huido de la policía estadual.

El abogado de la acusación, Luis Eduardo Greenhalg, ex prefecto de la ciudad de San Pablo durante el gobierno del Partido de los Trabajadores y con una larga trayectoria como defensor de los Derechos Humanos, consiguió aportar una serie contundente de pruebas que todos los especialistas reputaron como «irrefutables», contra el responsable del asesinato del sindicalista.

La condena a Jerónimo Amorim, adoptada por unanimidad por el jurado, tuvo repercusión inmediata en todo Brasil, donde se celebró como una victoria de la Justicia y la primera derrota importante de la impunidad que –hasta ahora– venía favoreciendo al crimen organizado desde arriba contra las organizaciones de trabajadores de la tierra.

Según información de la Comisión Pastoral de la Tierra, sólo en el estado de Pará, con cinco millones y medio de habitantes, ha habido más de 700 trabajadores rurales asesinados de esta manera. Hasta ahora, la regla había sido la impunidad.

Por eso esta resolución de la Justicia ha sido como el aldabonazo que augura cambios en beneficio de la vigencia de los derechos humanos.