Paradojas de la política económica

Desde que el gobierno de Jorge Pacheco Areco dio el viraje hacia un modelo económico social de neto corte conservador, camuflado con algunos rasgos populistas, el país se encaminó definitivamente por el rumbo señalado por la Escuela de Chicago.

El Premio Nobel otorgado por entonces a Milton Friedman fue el espaldarazo que esperaba el neoliberalismo para que se le diera luz verde y adquiriera el prestigio de que goza desde entonces.

Entre sus recetas más conocidas figuraba reducir los salarios creando una fuerte retracción del consumo, algo en lo que Pacheco fue pionero y que el posterior gobierno cívico-militar profundizó concienzudamente. Precisamente a fines de junio de 1968 (hace de esto 32 años) el gobierno implantaba el régimen de excepción de las medidas prontas de seguridad a cuyo amparo decretaba la congelación de precios y salarios, antes que se produjera el ajuste de los últimos para compensar la suba de los primeros. Como lo demostró Daniel Olesker en una de sus columnas, el salario real sufrió desde esa fecha una caída espectacular de la que no se ha recuperado.

Pero el quid de la cuestión radica en la absoluta liberalización de la economía, y hacia esa meta ha estado dirigida toda la política económica desde entonces. Fue así que el sistema neobatllista de sustitución de importaciones, con fuertes gravámenes a los productos extranjeros para fomentar la industria nacional fue dejado de lado, y ya en la década de los setenta los pocos uruguayos no afectados por la crisis empezaron a beber vinos franceses y whisky escocés, a comer jamón polaco y a lucir grifas prestigiosas en su vestimenta. Al mismo tiempo, coincidentemente con nuestra apertura a los bienes del resto del mundo y nuestro consiguiente embelesamiento por lo importado, los industriales uruguayos del calzado se escadalizaban al chocar frontalmente contra las barreras proteccionistas impuestas por EEUU. Mientras ingresaban al país los productos menos imaginados, los nuestros empezaban a experimentar las dificultades para ingresar a otros mercados del exterior.

La respuesta que las autoridades de entonces dieron al problema se parecía demasiado –por desgracia– a la que da el gobierno actual: protestar contra la injusta discriminación en una actitud casi mendicante como para generar compasión. En aquella época, nutridas delegaciones golpeaban infructuosamente las puertas de las aduanas estadounidenses y gestionaban febrilmente la revisión de las medidas proteccionistas. Ahora es el Presidente quien sugiere a los productores descontentos que manifiesten frente a las sedes diplomáticas de Francia e Inglaterra.

En ningún caso se planteó la posibilidad de establecer alguna medida de subsidio que otorgara competitividad a nuestros productos, práctica a la que recurren precisamente los países desarrollados. Entonces, a las desigualdades provenientes del deterioro de los términos del intercambio (caída del precio internacional de las materias primas), viene a sumarse la iniquidad causada por la desprotección de nuestros productos.

No está mal que se reclamen condiciones parejas de liberalización de los mercados. Pero la acción gubernativa no debe limitarse a ello; antes bien, es preciso que el gobierno adopte ciertas medidas que tiendan a corregir la asimetría que tanto nos perjudica. Si ello implica gasto (o disminución de la recaudación), hay que tener en cuenta que se trata en definitiva de una invesión cuyos efectos benéficos han de verse en el corto plazo.