¿Por qué no se construyen viviendas para jubilados?

Ya nos resulta ingrato que se nos siga manoseando sin ningún escrúpulo por parte de las autoridades de gobierno, en el terrible problema de las viviendas de jubilados del Banco de Previsión Social. Contando con una ley aprobada por el Parlamento en octubre de 1987 que contenía en su Art. 7º el motivo de solidaridad de los pasivos, que decidían aportar mensualmente parte de sus ingresos para la exclusiva construcción de viviendas que fueran destinadas a los compañeros que carecían de un techo propio y pudieran utilizarlo hasta su muerte.

Han pasado 14 años y luego de la impresionante recaudación que aportamos, sólo se construyeron 4.600 lugares. Desfilaron distintos ministros, directores, legisladores, hasta presidentes, pero no lograron hacer una labor eficiente, a pesar de contar con el dinero, ya que lo primero que hacen es descontarnos de nuestras jubilaciones la platita correspondiente y no sabemos su destino. Distintos gobiernos de colorados y blancos no han sabido acertar en tema tan sensible, lo que demuestra la carencia de capacidad por un lado, la desvergonzada audacia de construir cualquier cosa, siempre y cuando haya rendido eficacia para sus intereses politiqueros. Y la osadía se puso más en evidencia, cuando hicieron uso de un préstamo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de nada menos que 590.000 dólares, con el objetivo de acordar la cooperación técnica interinstitucional para ejecutar el Programa de Vivienda para Jubilados y Pensionistas, de fecha 29 de diciembre de 1998. Han sido tantas las indecisiones, donde participaron autoridades políticas al frente del BPS, o del Banco Hipotecario, o ahora del Ministerio de Vivienda, que en los diferentes Parlamentos que participaron, los legisladores no pudieron resolver algo positivo. La ley original indica la financiación para las viviendas, pero el dinero está perdido y nadie quiere descubrir las verdaderas cifras actuales.

Todo comenzó en diciembre de 1988 cuando el BPS lo transfería al Ministerio de Economía y Finanzas y hasta enero de 1992, se recaudaron 35.481.284 dólares, según lo marcado por la Ley 15.900 Art.7.

Luego desde febrero de 1992 y hasta enero de 1996, según las modificaciones dispuestas por la Ley 16.237 Art.8 Inc. B, se aportaron 103.074.897 dólares.

A partir de febrero de 1996 se comenzó a depositar en la Cuenta Nº 36 153/210 del Banco República y hasta julio del año 2000 se recaudaron 208.369.192 y finalmente promediando la recaudación hasta mayo de 2004, ingresaron 177.495.600. Lo que hace un total de 524.419.611 dólares.

Analizando sólo los números, como le gusta al ministro Alfie, cada una de las 4.600 casas costó 114.004 dólares, lo que nos parece una barbaridad.

Los jubilados queremos saber cuántas viviendas terminaron, cuántas están construyendo, y cuánto se gastó hasta ahora.

Son tantos los problemas, que lo mejor será que se queden quietos, porque si no supieron hacer algo en tantos años, en los meses que les quedan, deberían sólo ordenar las cuentas.

Hay gastos de vigilancia 222, hay gastos de reparaciones, hay empresas que se fugaron y dejaron los complejos sin terminar, hay cantidad de pleitos, hay intrusos imposibles de retirar, en fin no sabemos cuántas se escrituraron, y a nombre de quién.

Existe un área de Servicios Sociales que cuenta con personal especializado en el tema y que ha permitido este tremendo barullo. Por eso muchos de nosotros nos angustiamos, ya que al vivir tiempos tan duros, no encontramos soluciones racionales para más de 25.000 familias (las anotadas) que necesitan contar con un techo para transcurrir sus últimos días de vida.

Ahora aparecen el ministro y varios candidatos presidenciales apoyando alquilar piezas o lugares para que estos abuelos encuentren cierto bienestar, y esa no nos parece que sea la solución, ya que la ley marca aportar sólo para construir. Si bien entendemos que la ley contaba con un espíritu solidario altruista, también aceptamos que su puesta en práctica requiere un estudio profundo de las condiciones de nuestra sociedad y contar con una reglamentación que prevea las dificultades conocidas. Sin embargo nunca se nos atendió, ya que desde agosto 28 de 1996 duerme un proyecto de ley presentado por un conjunto de instituciones relacionadas con el tema y patrocinado por los jubilados.

Sólo así, oficializando y reglamentando es que conseguiremos aprobar alguno de los varios proyectos que han presentado los pasivos.

Ignorar la experiencia de los trabajadores del ayer, es demostrar el total alejamiento de la consideración de quienes son la base fundamental del Banco de Previsión Social. Por eso estamos enojados. *