Derechos humanos, seguridad social y lucro

En el siglo XVIII se llamaron derechos civiles o individuales, públicos y políticos a partir de la Revolución Francesa, derechos humanos durante el siglo XX. La burguesía apuntó prioritariamente al derecho de propiedad, los cristianos enfilaron a la libertad religiosa y otros hablaron de jusnaturalismo. Lo que llevó a admirarse a Jacques Maritain en la Unesco, de que hubiera acuerdo sobre una lista de tales derechos, cuando había sido formulada por paladines de ideologías frenéticamente contrarias. A lo cual alguien le respondió: estamos de acuerdo en estos derechos, con la condición de que no se nos pregunte el porqué.

En 1948 se formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1966 se concretaron los Pactos Internacionales de 1966. Existieron otras declaraciones solemnes. Todas transformaron el problema de los derechos humanos en una cuestión de la comunidad internacional, ante el cual deben ceder los estados. Pinochet, Videla, Astiz, Juan Carlos Blanco y tantos otros, son una clara demostración de ello.

Pues bien, hace bastante más de medio siglo que en el listado que mencionaba J. Maritain, la seguridad social está considerada como un Derecho Humano Fundamental, siendo sus titulares seres de carne y hueso, al decir de Unamuno.

Al inicio de los 90, el Consenso de Washington dijo que había que desregular, garantizar la propiedad, privatizar, incluyendo a la seguridad social. Y se desarrolló y concretó una serie de reformas a la seguridad social, detrás de las cuales estuvieron arrimando leña a la hoguera el FMI, BID y Banco Mundial.

La banca privada internacional se plegó a la movida. No era para menos: el lucro que se obtendría resultaba por demás tentador.

Nuestro país ha ratificado la mayor parte de los documentos mencionados sobre derechos humanos.

Sin embargo la realidad nos dice que son 840.000 los uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza, seguramente más de 1.000.000 si consideramos todo el país. Cerca de 100.000 de ellos viviendo en la indigencia. 40% (o 48% según las fuentes) de los que trabajan no tienen cobertura de seguridad social.

Mientras tanto, hay organizaciones financieras que están lucrando con la seguridad social, que reivindican invertir los fondos de más de 640.000 trabajadores donde se les cante. Uno de sus personeros llegó a expresar concretamente que ¡cobraban menos que un boleto de ómnibus de comisión!

Habría que recordar que en 2002 ganaron más del 90% sobre su patrimonio y en 2003 más del 30%. Realmente impresentable.

Insistimos entonces en una pregunta clave que ha sido planteada públicamente en las últimas horas: ¿es posible que siendo la seguridad social un derecho humano fundamental, tenga como objetivo central o prioritario el lucro o el desarrollo del mercado de capitales como lo es actualmente a través de las AFAP?

La respuesta es por demás sencilla. *