Agua: los puntos sobre las íes

Juntamente con los comicios generales a celebrarse en octubre próximo, el cuerpo electoral está convocado a decidir sobre la incorporación al texto constitucional, en el capítulo II de la Sección II (Derechos, deberes y garantías), de una disposición que evita la privatización del suministro de agua potable y del saneamiento. El texto que se someterá a consideración del soberano establece lo siguiente: «El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados por personas jurídicas estatales».

No bien la Corte Electoral anunció oficialmente que los impulsores de la iniciativa popular habían recogido la cantidad de firmas necesarias para habilitar la consulta, un agrio coro de voces hizo oír su destemplado desacuerdo con la reforma al tiempo que se ocupó, con esmero, de sembrar dudas, incertidumbres y temores. Fue así que, desde las páginas de la prensa del establishment, se lanzaron furibundos ataques y no se escatimaron afirmaciones falaces con el propósito de confundir a la opinión pública y desacreditar la iniciativa.

En primer lugar –¡cuándo no!– esgrimen el manido argumento de que el texto a incorporar a la Constitución ahuyentará a los inversores extranjeros. Sistemáticamente, cada vez que surge una propuesta de defensa del patrimonio nacional o de la soberanía, los aplicados alumnos criollos de la Escuela de Chicago ponen el grito en el cielo y se rasgan las vestiduras anunciando catástrofes varias que se abatirán sobre los uruguayos en caso de prosperar el proyecto.

En segundo término, las voces de alerta se dirigieron hacia las empresas embotelladoras de aguas de mesa, advirtiendo que el proyectado precepto constitucional implicaría el cese automático de sus emprendimientos. Al mismo tiempo, pretendieron hacer creer que los productores agropecuarios no podrían utilizar sus sistemas particulares de riego ya que todos los recursos hídricos serían estatales.

Y finalmente, auguraron una apolcalíptica andanada de juicios contra el Estado por parte de las empresas privadas que actualmente tienen concesiones para el suministro de agua potable y/o saneamiento.

Pintaron un panorama tan aterrador e insistieron tan reiteradamente en lo peligroso del proyecto, que los impulsores del recurso –integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida– debieron convocar a una conferencia de prensa –de la que informamos en la Sección Trabajo de ayer– con el objeto de informar sobre los verdaderos alcances de la iniciativa y aventar dudas, confusiones y temores; y no vacilaron en calificar esa campaña organizada por los fundamentalistas del libre mercado como de desinformación y de terrorismo verbal.

Nadie en su sano juicio puede no suscribir la declaración de que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales. Y como tales, no pueden quedar librados a los caprichos del mercado ni a la ley de la oferta y la demanda como si se tratara de vulgares bienes de consumo, de mercancías cuyo precio así como las condiciones de comercialización se regulan exclusivamente por esos parámetros sin intervención del Estado.

La conferencia de prensa también sirvió para puntualizar que ni las empresas embotelladoras de agua, ni los emprendimientos turísticos de aguas termales, ni los productores agropecuarios, tienen nada que temer pues lo único que se reserva a la gestión estatal son los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento.

Finalmente, la amenaza de juicios contra el Estado quedó desvirtuada por distinguidos constitucionalistas, quienes confirmaron que la norma a plebiscitarse en modo alguno implicará que el Estado deba afrontar el pago de indemnizaciones por lucro cesante sino sólo por las inversiones no amortizables.

Así se desmoronó el andamiaje de falsedades montado por la derecha. *