Torturas en el Iname

Los relatos sobre lo ocurrido en la Colonia Berro, un centro a cargo del Iname, que debiera reeducar a menores que han delinquido, son escalofriantes. A la pobreza en que viven esos menores, encerrados en edificios vetustos e inadecuados, generalmente hacinados y sin contar –como debieran– con métodos de tratamiento reeducativo (la enseñanza de oficios a nivel competitivo) que les permitan volver a la sociedad con alguna esperanza, es la constante. A ello se suman, ahora, denuncias de malos tratos y de torturas.

¿Cómo se ha podido llegar a tal situació n? ¿Qué puede pasar por la cabeza de un responsable del Iname al implementar un vehículo con cadenas y grillos para transportar a menores? Si esto es cierto, como aseguran algunas fuentes serias, ¿es posible que las autoridades de ese organismo «reeducativo» continúen en sus cargos?

¿Es verdad que conocidos boxeadores integren un grupo, manejado por el mismo señalado personaje, cuya función es «tranquilizar» a menores que tienen conductas desajustadas?

Obviamente que el ministro Leonardo Guzmán cuando, de improviso, llegó a la Colonia Berro comprobando que allí la situación es «horrorosa», ordenando, de inmediato, algunas medidas destinadas a mejorar la situación de los menores internados, cumplió con su deber. Lamentablemente, más allá de la atinada acción del secretario de Estado, creemos que a pesar de su buena voluntad no tiene posibilidades de solucionar aspectos de esta situación que provienen de una cultura autoritaria, que entiende que las cosas se corrigen con el castigo corporal: la tortura. Claro, no tiene posibilidades si no suman a su acción el propio Presidente de la República y todas aquellas personas que adviertan el tamaño de la monstruosidad que allí se concretaba.

La tortura es un método salvaje que, cuando se aplica en una cárcel iraquí escandaliza al mundo y cuestiona al propio gobierno de George W. Bush. Cuando ocurre los mismo en la Colonia Berro aparece ante la opinión pública como un asunto menor. ¿Cómo es posible, ante las comprobaciones denunciadas por tres ONG, de intachable conducta y con labor reconocida, que el gobierno –más allá de la acción del ministro– no haya actuado de manera fulminante, cortando de raíz todo ese barbarismo propio de mentalidades retrógradas y primitivas?

Y ello lo decimos porque, para colmo, han trascendido informaciones sobre oscuras conspiraciones destinadas a intentar influir sobre la opinión pública, dejando mal parado al ministro Guzmán, para que la gente crea que sólo con medidas fuertes (o sea de tortura), se puede reencauzar a los menores que han delinquido.

Esperamos que tanto en el gobierno como en todos los organismos que puedan tener incidencia en esta situación, se tenga la grandeza suficiente para que se adopten, de inmediato, medidas ejemplares. Aquí no pueden existir criterios de mezquindad política, ni expresiones que no sean las vinculadas a la defensa de nuestra sociedad en la cual la tortura no puede imperar más.

Además es necesario que se realice una investigación inmediata, determinando no sólo las responsabilidades directos de estas acciones de lesa humanidad. Es necesario que no se resuelva desentrañando quiénes son los responsables políticos de la aplicación de esa metodología, que por lo generalizada, obviamente estaba en conocimiento de las autoridades de la institución.

Si existe una camioneta acondicionada con grillos y cadenas para transportar a menores, y se utilizaban perros para inmovilizar a internos, mientras algunos guardias se «divertían» provocando riñas, etc., se evidencia que estamos ante un nivel de horror que el país en conjunto debe repudiar y, por supuesto, sancionar de manera ejemplar. *